Diputados y senadores nacionales de todo el arco opositor se solidarizaron en el Congreso con José María Campagnoli, el fiscal suspendido por presunto “mal desempeño” de sus funciones por investigar al empresario Lázaro Báez.

En el marco de una audiencia pública desarrollada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, Campagnoli recibió el respaldo de legisladores de la UCR, el Pro, el FAP, el PJ disidente y el Frente Renovador, que no dudaron en denunciar una “campaña política” del kirchnerismo contra los fiscales y jueces del país que investigan casos de corrupción.

No obstante el grueso de las críticas estuvo dirigido a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien inició el proceso contra el funcionario. Lo acusan de abuso de autoridad porque investigó a Lázaro Báez en el ámbito de una jurisdicción que no le correspondía; es decir, porque era “incompetente” en el caso.

Campagnoli entendió que no lo dejaron defenderse, que lo sancionaron sin fundamento, y que la procuradora actuó de manera arbitraria en un proceso “exprés” para sacarlo del cargo. En este sentido presentó este martes un recurso de amparo en el que pide que se anule todo el proceso en su contra y que lo repongan en su cargo.

El suspendido fiscal denunció en el Congreso que a lo largo de sus 20 años de trabajo sufrió “intentos de disolver” sus equipos de trabajo para “perjudicar” sus investigaciones, “a través de campañas difamatorias de todo tipo”. Y ratificó el resultado de investigación: Lázaro Báez sería parte de un “entramado societario complejo por el cual salieron 250 millones de pesos del país” como parte de un proceso de lavado de dinero.

Campagnoli estuvo rodeado de los jefes de bloques de la UCR Gerardo Morales (Senado), Mario Negri (Diputados), así como de la senadora macrista Gabriela Michetti, el jefe de los diputados massistas Darío Giustozzi y el titular de la bancada socialista en Diputados, Juan Carlos Zabalza, entre otros.

También se hicieron presentes los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky, miembros del Consejo de la Magistratura; además de Julio Straserra, el fiscal que estuvo a cargo del juicio contra las juntas militares; entre otros representantes de abogados y juristas de todo el país.

Paradoja o no, eran mayoría los radicales, los mismos que acompañaron al Frente para la Victoria para la designación de Gils Carbó al frente del Ministerio Público y que ahora critican duramente.

Al respecto, Morales consideró que el caso de Campagnoli se “inscribe” en una campaña del oficialismo para “controlar el Poder Judicial y garantizar la impunidad” de funcionarios y personajes cercanos al Gobierno que afrontan distintas causas en la Justicia. Además del propio Báez, se refirió al caso del jefe del Ejército, César Milani, denunciado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

“Esta es una operación política puesta en marcha por Gils Carbó para que se oculte la verdad sobre los hechos de corrupción”, coincidió la diputada Laura Alonso (Pro) y pidió unir fuerzas en la oposición para iniciarle el juicio político a la jefa de los fiscales.

La diputada Margarita Stolbizer criticó también a la procuradora, a la que consideró “responsable de los intentos de disciplinamiento por intimidación de los funcionarios judiciales. Buscan tapar el enriquecimiento de los funcionarios del más alto nivel”, y agregó que “la centralidad de Baéz en el asunto no puede alejar del foco a los Kirchner, que han sido los beneficiarios de los retornos financieros por parte del principal empresario de la obra pública”.

También desde el GEN, el diputado Omar Duclós consideró que “con la suspensión del Fiscal Campagnoli, el Gobierno daña gravemente el Estado de Derecho”, y advirtió que “estamos asistiendo al tiempo más oscuro de la democracia lograda hace 30 años”. Para Duclós, “el gobierno kirchnerista no tiembla en dañar el Estado de Derecho para garantizar impunidad a la corrupción que alcanza a los máximos niveles del poder”.

El radical Miguel Bazze señaló que el desplazamiento del fiscal es “para evitar que se investiguen hechos de corrupción”. Enfatizó que “la defensa del fiscal Campagnoli es en realidad la defensa de una Justicia independiente del poder”, y agregó que “la actitud de la doctora Gils Carbó tiene por objeto evitar que los fiscales investiguen los hechos de corrupción vinculados al gobierno”.

“Más allá de lo que significa para todos el avance sobre la Constitución y sobre la Justiciaque estamos viendo en este caso, y del embate personal que representa para el mismo Campagnoli, que está poniendo el cuerpo en esta situación desagradable, lo que tenemos que defender es el derecho a investigar, que está siendo comprometido muy seriamente. No es casualidad que quienes investigan, tanto desde el periodismo como desde la Justicia hoy estén sometidos a tanto autoritarismo y arbitrariedades. Claramente hay unpoder que no quiere ser investigado, y nosotros debemos frenar este proceso”, sentenció la radical Patricia De Ferrari en su intervención.

En su intervención, el ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido señaló que “vamos a estar acompañando al fiscal José Campagnoli en todas las instancias que sean necesarias para que lo reincorporen en sus funciones, si es necesario, ante la Corte Suprema también”.

“En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con la persona de José María Campagnoli. Sé por experiencia personal lo solitaria que es la función judicial, por eso es muy importante que frente a amenazas, y acciones que impidan que un funcionario judicial lleve a cabo su trabajo, que tanto los gremios como la política estén aquí presentes manifestando su solidaridad.”, señaló el diputado radical, que a continuación lamentó “profundamente que la procuradora Gils Carbó haya defraudado de esta manera las expectativas que se podrían haber esperado de una persona con sus antecedente. Como fiscal he escuchado como ella se quejaba de las manipulaciones que hacía el exprocurador Esteban Righi. Ahora ella desde la Procuración ejerce lo que cuestionaba”.