Este miércoles por la tarde ingresó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley presentado por los diputados que conforman el interbloque UNEN para que el acuerdo realizado entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, y aprobado por el Cuerpo hace una semana, sea declarado de “nulidad absoluta”.

La iniciativa que quiere cancelar UNEN es una propuesta del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que fue debatida en sesión especial el lunes 9 de diciembre y que el Pro logró sancionarla gracias al apoyo del Frente para la Victoria.

En síntesis, el proyecto modifica el convenio del juego que celebraron en 2003 el gobierno de Aníbal Ibarra y Lotería Nacional, y supone, por un lado, un ingreso extra, según el gobierno porteño, de 300 millones de pesos producto de que se dividirán en un 50 por ciento los ingresos entre Nación y Ciudad.

A partir de la iniciativa se mejoran los ingresos de la Ciudad en concepto de impuestos al juego y se le cobrará un canon “especial” del 3 por ciento a las ganancias de los tragamonedas y las carreras de caballos desde el año que viene pero a cambio el Pro no le cobrará 800 y 1.000 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos que esas casas de juego adeudan al fisco porteño. Y es aquí donde reside el punto conflictivo que denuncia UNEN.

“El viernes 6 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo de la Ciudad envía a la Legislatura el expediente mediante el cual tramita un nuevo convenio firmado entre Lotería Nacional S.E. y el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, para ser tratado un día antes de la renovación parcial de la Legislatura porteña (el 9 de diciembre de 2013), con un trámite exprés, sin el correspondiente pase previo por las comisiones en un tema tan sensible que amerita una decisión vinculada estrechamente con la autonomía de la Ciudad”, se describe al principio en la iniciativa presentada por el frente.

Luego, las críticas y el argumento para pedir la nulidad atienden directamente a la postura del Ejecutivo porteño de no cobrar las deudas que las casas de juego mantienen con la Ciudad.

“Es inentendible el abandono de la potestad tributaria del Poder Ejecutivo de la Ciudad mediante dicho Convenio el Gobierno de la Ciudad renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho concepto, las que algunas estimaciones ubican entre unos 1.500 y 2.000 millones de pesos”, se fundamenta.

Más adelante, en la iniciativa presentada se plantean cuestionamientos en torno al fin y los objetivos del proyecto y se hace alusión a la conveniencia del acuerdo tanto para el Gobierno Nacional y el porteño

“¿Qué clase de interés está protegiendo el gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad con semejante acuerdo? ¿La seguridad jurídica para quién? ¿Para los ciudadanos? ¿O para los empresarios amigos que tienen en común? ”, cuestionaron los diputados de UNEN .

Todo esto en referencia al reconocido empresario ligado al gobierno nacional Cristóbal López, quien es dueño del casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. “No es necesario explicarle al Jefe de Gobierno quiénes son los explotadores de los principales establecimientos de los Juegos de Azar en la Ciudad y los grandes beneficiarios y qué relación tienen éstos con el Gobierno Nacional de Cristina Kirchner, que son los verdaderos beneficiarios de dicho Convenio”, agregan.

Por otro lado, se afirma que dicho convenio “nada tiene que ver con la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ni mucho menos con una gestión exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Vale aclarar que en el mismo día de esta presentación, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori ordenó una medida cautelar para suspender una cláusula de este convenio que es la que el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas. Es decir, la misma parte que UNEN reprocha en su proyecto de ley.