El 23 de diciembre se conocerá el fallo por la causa de las presuntas coimas en el Senado para aprobar en 2001 la ley de flexibilización laboral, también conocida como Ley Banelco. En tal sentido, el Consejo Directivo de la CGT opositora aseguró que el expresidente radical Fernando de la Rúa “pagó sobornos a senadores justicialistas para aprobar una ley que avanzaba sobre los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

“Los senadores ‘justicialistas’ no sólo votaron contra los trabajadores sino que cobraron por ello”, repudió la central sindical en un comunicado que lleva la firma del diputado Omar Plaini (secretario de Prensa), el senador Guillermo Pereyra (secretario adjunto) y Julio Piumato (secretario de Derechos Humanos).

Los sindicalistas recordaron que “los sobornos” fueron “denunciados aún antes de la concreción del delito por Hugo Moyano, que conocía lo que iba a ocurrir a partir de la sincera y etílica confesión del por entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique”.

“Los sobornos -señalan- terminaron concretándose y salieron a la luz meses después gracias a una cuestión de privilegio planteada por el senador Antonio Cafiero y la investigación periodística que llevó a la luz lo que ya era ya un secreto a voces, puesto que hasta circulaban anónimos en el Congreso que daban detalles del reparto”.

En este marco, los dirigentes sostuvo que “la CGT que lucha, con Moyano como secretario general, al igual que todo aquel que no fuera socio de la corrupción, sabía que el delito se había producido y pedía Justicia para los corruptos y la nulidad de una ley viciada en su legitimidad”.

Recordemos que la Ley Banelco fue derogada durante el kirchnerismo incluso con apoyo de la UCR.

El consejo directivo de la CGT indicó que “al día de la fecha las denuncias de corrupción que comprometen al Gobierno nacional son numerosas”.

“El intento frustrado de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura y sobre los jueces, sumado a la complicidad de la Procuración General de la Nación en no investigar esos delitos y avanzar sobre los fiscales que osen investigar, fueron dando argumentos a los rumores crecientes que este escándalo mayúsculo de corrupción institucional no tendría castigo”, aseguraron Piumato, Pereyra y Plaini, ex aliados de Cristina Kirchner.

A su juicio, “ni De la Rúa, Flamarique, Santibañez ni los senadores acusados -el radical Genoud se suicidó tal vez pensando que la Justicia era irremediable- tendrían las Justas condenas”.

“Hasta la actitud del arrepentido Portaquarto -confesó el delito y ahora insólitamente pidió su absolución- sorprendió a todos, los que rápidamente entendieron que un nuevo escándalo estaba en marcha. Lo alimentó la presencia de De la Rúa en acto por 30 años de democracia aunque resaltara que ‘debía haberse suspendido’ por las 15 muertes que enlutaban la Patria. La corrupción se combate con Justicia o se tapa con más corrupción”, agregan.

Y concluyen que este lunes se conocerá el fallo, pero “hasta la fecha elegida despierta sospechas”: “El 23 de diciembre con un país convulsionado por la inflación, la corrupción, la tensión social, las fiestas y hasta para muchos con la posibilidad del descanso vacacional es una buena fecha para que quede tapada la resolución de una causa fundamental, la de los sobornos en el Senado”.

“Los argentinos de bien esperamos Justicia; los corruptos, impunidad. En la Argentina que viene, los jueces Larrambebere, Pons y Gordo, elegirán el 23 de diciembre donde quieren que queden sus nombres, en el bronce o en el estiércol”, finaliza el comunicado de la CGT sobre la sentencia judicial.