La oposición solicitó a la relatora por la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU que intervenga ante los hechos recientes “que afectan gravemente la independencia y labor del Ministerio Público”.
Por iniciativa del diputado Manuel Garrido, legisladores nacionales de distintos bloques políticos presentaron una nota ante la relatora por la Independencia de Jueces y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Gabriela Knaul, en la que expresan que “se han venido sucediendo hechos en la Argentina que afectan gravemente la independencia y labor del normal funcionamiento de la justicia en la Argentina, en especial del Ministerio Público”.
La nota también lleva la firma de los diputados Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Ricardo Buryaile, Patricia De Ferrari (UCR), Margarita Stolbizer (Gen-FAP), Laura Alonso, Patricia Bullrich (Unión Pro), Elisa Carrió, Fernando Sánchez (CC ARI), Adrián Pérez (Frente Renovador), Carla Carrizo (Suma más), y de los senadores nacionales Ernesto Sanz y Gerardo Morales (UCR).
Los legisladores señalan que existe una “política de presión y cercenamiento de facultades de aquellos magistrados y fiscales que investigan delitos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y a empresarios vinculados con el poder”.
El caso Campagnoli
En la nota la oposición hizo hincapié en la suspensión del fiscal José María Campagnoli, y el juicio de remoción que inició el 4 de diciembre pasado la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Se señala que “los argumentos esgrimidos por Gils Carbó no resultaban procedentes para dictaminar sobre la suspensión del fiscal Campagnoli, ni la apertura de un proceso de enjuiciamiento”.
Los legisladores relatan que solicitaron participar de la reunión del Jurado de Enjuiciamiento en la que se iba a decidir sobre la medida preventiva y también ser tenidos como amicus curiae para esbozar las razones por las cuales consideraban que la medida no resultaba aplicada en el caso.
“A pesar de ello el 12 de diciembre de 2013 el Tribunal de Enjuiciamiento, en una reunión privada, sin haber oído previamente al doctor Campagnoli y sin hacer lugar a esas peticiones, ordenó la suspensión preventiva del fiscal con el voto afirmativo de cuatro de los siete miembros integrantes del Tribunal”, comentan.
Y destacan que “tres de los cuatro miembros que votaron a favor de la suspensión preventiva del doctor Campagnoli son funcionarios que tendrían afinidad con el oficialismo: Ernesto Kreplak es el representante del Poder Ejecutivo y miembro de la agrupación oficialista La Cámpora”.
Kreplak ya había sido denunciado por el diputado Manuel Garrido por el delito de violación de prueba, registros y documentos, por el ocultamiento de información pública en su rol de Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral.
Para los diputados y senadores de la oposición, “el voto de la mayoría se limitó a reproducir los argumentos esgrimidos en el dictamen de Gils Carbó, sin el análisis y tratamiento que corresponde para una medida de tal magnitud como es la suspensión de un fiscal”.
“El procedimiento por el cual se dictaminó la suspensión del fiscal Campagnoli resulta a todas luces violatorio del derecho al debido proceso que consagra tanto la normativa nacional como los principios internacionales”, señalaron y agregaron que “con este tipo de medidas se está afectando la independencia e imparcialidad de la que deben gozar los fiscales y funcionarios judiciales en general para el ejercicio de sus funciones”.
La nota continúa afirmando que “existen numerosos funcionarios judiciales sospechados de encubrir delitos o que demoran años en resolver estas causas, incluso alcanzando su prescripción, y que no sufren ninguna consecuencia por el claro incumplimiento de sus funciones”.
“Mientras que aquellos que sí deciden cumplir con la función encomendada e investigar son amedrentados, se les recortan sus funciones o les promueven su destitución o se los aparta de las causas que investigan”, contraponen.
Para los legisladores, “el proceso de remoción del fiscal Campagnoli y la aplicación de la suspensión provisoria, están teñidas de un fuerte propósito de la procuradora general de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional de apartar y disuadir a aquellos fiscales y funcionarios judiciales que se animen a investigar los casos de corrupción y lavado de activos que involucren a los funcionarios públicos y sus amigos, atentando contra la imparcialidad e independencia de la Justicia”.
Por todo ello “solicitan que la Relatoría de la ONU se pronuncie sobre si los hechos que refieren violan los principios internacionales sobre la independencia e imparcialidad que la Argentina se ha comprometido a garantizar a la luz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
