Los diputados porteños Pablo Bergel y Gustavo Vera, pertenecientes al espacio Verde Alameda dentro del interbloque UNEN, firmaron y redactaron una carta documento para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en la que le piden expresamente que no promulgue el convenio con el juego que, entre otras cosas, autoriza a la Ciudad a perdonar los pasivos que algunas casas de juego mantienen con el fisco porteño.

El convenio aprobado es un acuerdo entre el Gobierno porteño y el Gobierno Nacional, en el cual se le perdonó una deuda de 1.000 millones de pesos en Ingresos Brutos al empresario Cristóbal López, dueño del casino flotante, una serie de salas de juegos y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Y eso es exactamente lo que cuestionan quienes presentaron la misiva.

En el comunicado, los diputados citan algunos artículos de la Constitución porteña y argumentan que la aprobación de un proyecto que consagre “excepciones a regímenes generales” debe ser de segunda lectura. Algo que no ocurrió ya que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo porteño fue sancionada el lunes 9 de diciembre y sólo resta Macri la avale con su sello.

Sostienen que el convenio “contiene una excepción al Régimen General de Imposición a los Ingresos Brutos de la Ciudad” y que, según el artículo 89º de la Constitución de la Ciudad, las “excepciones a regímenes generales tiene procedimiento de doble lectura”.

Además, el bloque Verde Alameda agrega que “el artículo constitucional 90º establece los requisitos para la doble lectura, concluyendo con que Ningún órgano del Gobierno puede conferir excepciones a éste trámite y si lo hiciera estas son nulas”.

“En consecuencia, la aprobación de la mencionada Addenda efectuada en la Sesión Especial del 9 de diciembre mediante la llamada Ley Nº 4.896, al pretender legislar obviando el procedimiento y los requisitos instituidos por los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad, constituye un acto nulo, de nulidad absoluta”, cuestionaron Bergel y Vera.

Por último, aluden directamente a Macri y le exigen expresamente que vete la iniciativa propuesta por él mismo y sancionada por el Cuerpo Parlamentario que finalizó su mandato un día después, el 10 de diciembre.

“Teniendo en cuenta las normas constitucionales vigentes, y la clara atribución conferida al Jefe de Gobierno por el artículo constitucional 102º de aplicar las normas, así como el mandato – igualmente constitucional – que pesa sobre usted de administrar los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad, de conformidad con las leyes (cfr. inciso 24 del artículo constitucional 104º) y las nulidades antes señaladas, intimamos a Ud. que vete en tiempo propio la llamada Ley n° 4.896. A todo evento, intimamos a usted a que también arbitre de inmediato las medidas necesarias a fin de que la misma no sea promulgada de hecho”, concluyen.

Y, por último agregan: “Desde ya, lo hacemos a usted responsable de las nulidades, inconstitucionalidades y perjuicios que impactarían en la Ciudad en caso de desoír usted está intimación”.

A todo esto, el miércoles ingresó a la Legislatura de la Ciudad un proyecto que exigía la nulidad de este mismo proyecto. Una iniciativa que englobaba a todo el interbloque UNEN y, además, ese mismo día la Jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar para frenar ese convenio que el Pro logró aprobar con el apoyo del Frente para la Victoria.