Días antes de que el Gobierno dispusiera incrementos en suplementos destinados a las fuerzas de seguridad, el bloque de diputados del Pro presentó su propio proyecto de ley para establecer un régimen de actualización automática de las remuneraciones que percibe el personal, de acuerdo a los aumentos que perciba el Poder Judicial.

La iniciativa, ingresada formalmente hace seis días, establece en su artículo primero que a las remuneraciones del personal de las fuerzas de seguridad nacionales se les debe aplicar en forma automática todo incremento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional.

Asimismo, ordena que la bonificación por título secundario y por título universitario de las fuerzas de seguridad nacionales “no podrá ser inferior al que perciben los empleados del Poder Judicial de la Nación por idéntico concepto”.

El proyecto, que consta de seis artículos, lleva las firmas de los diputados Jorge Triaca, Silvia Majdalani, Gladys González, Cornelia Schmidt-Liermann y Federico Sturzenegger.

El régimen propuesto por los macristas entraría en vigencia a partir del 1º de enero de 2014, y sería solventado con las partidas presupuestarias específicas asignadas al Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque el Poder Ejecutivo estará facultado para reasignar las partidas que sean necesarias.

Por otra parte, el texto indica en su artículo quinto que “sin perjuicio de los derechos constitucionalmente acordados por el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución Nacional, las fuerzas de seguridad nacionales no podrán hacer uso de la modalidad de medida de fuerza conocida como auto-acuartelamiento”.

En los fundamentos, los diputados sostienen que a nivel nacional y en varias provincias “las fuerzas del orden colaboran con los ministerios fiscales para la investigación en delitos”, con lo cual “no existe razón para que sus salarios no estén atados a la suerte que corren los salarios del Poder Judicial”.

Por eso argumentan que “este mecanismo, conocido como 'ley de enganche', permitiría que dentro de las paritarias correspondientes a dicho Poder del Estado, el personal de fuerzas de seguridad, tuviera una forma de obtener aumentos a sus ingresos”.

“Otorgar dicho agrupamiento tal vez no es la única solución, pero dotaría al Estado Nacional, de la Ciudad y de las provincias que quieran adherir a esta ley, de una autoridad moral clara para impedir que las fuerzas de seguridad utilicen como medio de protesta el del 'autoacuartelamiento’”, apuntan los firmantes.

Concluyen que “los agentes del orden tienen derecho a manifestarse pacíficamente, a negociar convenciones colectivas de trabajo, pero en el capítulo ‘derecho de huelga’ debe reconocerse, según lo hacen estándares internacionales, la razonable restricción en vista de que no se trata de cualquier trabajador sino de uno que porta armas”.

El proyecto fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.