El 2013 finaliza tristemente, en el sector energético, con la misma política de parches que el kirchnerismo viene aplicando en materia de transporte, salud, educación, inflación, entre otras: cortoplacismo irresponsable y un capitalismo de amigos completamente corrupto.

Lamentablemente, el período 2003-2013 representa una década perdida en materia energética para la Argentina. Así lo afirmaron unánimemente los ex secretarios que estuvieron a cargo de la cartera de energía de nuestro país desde el año 83, Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, en el Documento “LA ENERGÍA EN EL PERÍODO 2003-2013: DIEZ AÑOS PERDIDOS”, de mayo de este año.

Esto se debe, como han advertido los ex secretarios en sus numerosos informes, a varias razones, entre las cuales las más preocupantes son la pérdida del autoabastecimiento energético que nuestro país exhibía desde hacía dos décadas, la falta de implementación de una política capaz de revertir esta lamentable e inédita situación en toda la historia energética argentina, la negación del problema estructural, y la falta de implementación de un Plan Energético Estratégico.

Nada es casualidad. Lo hemos advertido, pero el gobierno priorizó el mantenimiento de la corrupción estructural de un sistema de subsidios discrecional sin ningún control estatal para el negocio de empresarios y funcionarios amigos, que llevó al estancamiento y disminución de la inversión privada, y a la falta de financiamiento del sistema energético, que dejó como rehenes a millones de argentinos.

El gobierno también nos ha acostumbrado en esta década a grandes inversiones directas poco transparentes para construir obras anunciadas e inauguradas más de una vez como estrategia electoral. Hablamos de anuncios grandilocuentes que no quedaron más que en palabras, tales como la Construcción del Gasoducto Bolivariano entre Venezuela y la Argentina (2005), el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) que uniría los yacimientos bolivianos con Buenos Aires atravesando las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, y con ramales de alimentación a Corrientes y Misiones (2004), la instalación de una gran refinería en Comodoro Rivadavia (2006), grandes centrales hidroeléctricas en Neuquén y en Santa Cruz, etc.

Y un tema no menos importante es el vaciamiento y manipulación de los Entes Reguladores, que el kirchnerismo convirtió en meros instrumentos del gobierno.

Todo esto deja al descubierto la falta de una política pública adecuada y la negación total de este grave problema por parte del gobierno nacional, lo que hace completamente insostenible el funcionamiento económico y social del país. Esto resulta inaceptable cuando el propio gobierno se jactó de que el país viene creciendo a un ritmo del 8% anual. Si no se garantiza la inversión en recursos estratégicos, ese crecimiento es inviable en el largo plazo.

No es la primera vez que el gobierno hace oídos sordos y disfraza la realidad. No fuimos los únicos que veníamos advirtiendo de la gravedad de la situación. La negación fue la respuesta que se le dió también al documento con una propuesta estratégica para el sector que los Ex Secretarios de Energía de distintas administraciones de los gobiernos desde la recuperación de la Democracia le hicieran llegar a la Presidenta de la Nación en marzo de 2009.

Hubo silencio también ante la insistencia unánime de los ex secretarios en una presentación que le hicieran el 22 de diciembre de 2011, donde expresaban su preocupación por la situación del sector energético y se ponían a disposición para trabajar en pos de una Política de Estado en la materia.

A la negligencia de este Estado ausente hay que sumarle un modelo de gestión absolutamente impune, heredado de la época menemista y mantenido por el kirchnerismo que le da la espalda a los sectores más vulnerables de la población.

Este es el costo de la corrupción, la falta de planificación y de control gubernamental sobre las empresas, la ausencia de inversiones, el mal uso de los fondos públicos y las deficiencias estructurales del Estado.

La mentira tiene su precio. El gobierno tiene la responsabilidad política de este colapso energético, resultado del maquillaje y la mezquindad cortoplacista.

Esta mezquindad, envuelta en grandes redes de corrupción, fue la que también nos llevó a la tragedias de once, y las terribles inundaciones sufridas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires hace pocos meses.

Cada vez que el “modelo” estuvo en jaque el gobierno no solo miró para otro lado, sino inventó nuevos enemigos a quienes culpar de los problemas estructurales que el mismo oficialismo había creado.

Pero ya no pueden buscar terceros a quienes condenar. El principal responsable es el Gobierno Nacional.

La Presidenta debe asumir la realidad y hacerse cargo de sus errores. El “relato” se resquebrajó. Es hora de dejar de buscar culpables afuera, porque ya no engañan a nadie.

Ese es el gran desafío que tenemos los argentinos por delante: revertir el daño causado en todos estos años de mentira, de negación de la realidad y de ausencia del Estado en la definición de una política energética estratégica.

El sector energético colapsó y necesita urgentemente de una reforma estructural profunda que vaya de la mano no sólo de una fuerte función de auditoría por parte del Estado, sino también de la confección de planes estratégicos de largo plazo que incluyan la recuperación productiva pero también el cambio de nuestra matriz energética. El progreso nacional depende del establecimiento de un sistema energético autosuficiente, eficiente y confiable.

Para todo esto se necesitan Políticas de Estado, y para ello se precisan grandes consensos que trasciendan a un gobierno y que perduren en el tiempo. Lamentablemente el Kirchnerismo ha dado suficientes muestras de no estar a la altura de las circunstancias. Desde la UCR estamos dispuestos, como siempre lo estuvimos, y preparados a asumir este gran desafío.