A lo largo de estos años, y fundamentalmente durante este último, los argentinos nos hemos visto expuestos a graves situaciones, perfectamente evitables, provocadas por la falta de planificación e inversión en el sector energético y de infraestructura.

Como todos recordamos, hemos sufrido reiterados accidentes de ferrocarriles e inundaciones sin precedentes, y hoy una vez más padecemos las consecuencias de políticas sin previsión a futuro, base de la regresión que vivimos como país. Por supuesto que el perjuicio de miles de vecinos por la falta de energía eléctrica nos moviliza a todos fuertemente hace ya varias semanas, pero estas falencias se manifiestan también en la insuficiencia de otros recursos, como el gas y el petróleo, que hemos tenido que importar con grandes costos injustificados.

Y todo ello con el agravante de que, al momento de alzar nuestros reclamos, nos encontramos con un Estado que se empeña en desligarse de sus responsabilidades y en negar permanentemente la realidad que nos aqueja a diario, que claro está no se circunscribe sólo a esta problemática sino también a una política económica que no ha sabido controlar variables básicas de la economía, como la inflación, un tipo de cambio estable y seguridad jurídica para quienes eventualmente busquen invertir en nuestro país, entre otras cuestiones.

Para analizar el caso de la energía eléctrica, cuya crisis perjudica a pequeñas empresas y comercios que han perdido gran parte de sus ingresos y sobre todo a los hogares que se ven obligados a subsistir sin servicios básicos, poniendo en riesgo la vida de las personas, tenemos que considerar algunos datos alarmantes: en primer lugar, casi 3 puntos del PIB se habrán ido al cierre de este año en el ineficiente esquema vigente de subsidios, lo cual explica las tres cuartas partes del déficit fiscal; y, además, una década de congelamiento tarifario, entes reguladores intervenidos que no han cumplido sus funciones más elementales y una clara connivencia con los concesionarios, hoy dan como resultado una fuerte desinversión en el sector, con redes de distribución totalmente colapsadas, lo cual constituye una ineludible responsabilidad del Estado nacional.

Por todo ello, hace tiempo que algunos venimos advirtiendo esta problemática de la energía. Particularmente, destaco el trabajo que hemos realizado desde 2010 en el Movimiento Productivo Argentino con mesas de trabajo y conferencias sobre la cuestión y el de los ocho ex Secretarios de Energía de la Nación, quienes se han reunido para denunciar a través de numerosos informes y notas al gobierno nacional todas estas fallas, así como el manejo espurio de contratos y presupuestos y la mala asignación de subsidios -actualmente destinados a las empresas, en lugar de enfocarlos en los usuarios que realmente lo necesitan-.

Así es que, con gran preocupación por el terrible desaprovechamiento de las oportunidades para realizar cambios verdaderamente estructurales que se nos han presentado -y que continúan a futuro-, estamos trabajando junto a un grupo de diputados para dar cuenta de los datos reales respecto de los problemas que aquí enunciamos y para solicitar la comparecencia ante la Honorable Cámara de Diputados del Secretario de Energía de la Nación, quien deberá informar sobre las medidas inmediatas y a largo plazo para paliar la crisis actual y encarar una política energética sustentable y sostenida, que abarque al menos los próximos veinte años.

Sólo de esta manera podremos dar un verdadero salto cualitativo en la planificación e inversión que la Argentina necesita para explotar su potencial productivo y garantizar trabajo digno y calidad de vida a todos sus habitantes.