En un país donde las bombas son de mecha corta, dos años puede ser mucho tiempo. Sobre todo si quienes deben prevenir las detonaciones no hacen más que taparse los oídos.

Lo que pase en la Argentina, de ahora hasta 2015, depende de la capacidad (y voluntad) de la dirigencia, en particular la política.

Con vistas a un gobierno alternativo, debemos comprender que seremos, para bien o para mal, herederos de lo bueno y lo malo de nuestros actos de hoy en día. No podemos seguir actuando como opositores impotentes, capaces sólo de despotricar.

Con urgencia, tenemos que hace lo imposible por frenar (o forzar la anulación) de medidas que aumenten del déficit, descontrolen la emisión o frenen las inversiones. También de aquellas que impidan el rastreo de la corrupción o aseguren impunidad. Y las que confieran poder a quienes fueron parte de la dictadura.

A la vez, tendremos que acompañar (si las hubiere) las iniciativas que, aun proviniendo de nuestros rivales políticos, y hasta del mismo gobierno, fueran aptas para disminuir a inflación, el rojo fiscal, la inseguridad o la decadencia institucional. Por último, tenemos la obligación de diseñar programas de gobierno que definan el “qué” y el “cómo” hacer para promover al mismo tiempo el desarrollo económico y la justicia social.

Si antes no hay un reflujo, tendremos que contener la marea inflacionaria: un fenómeno que hoy se da en poquísimas playas del mundo. El promedio internacional de inflación es 4,1%; el de los países en desarrollo, 5,3.

Si se excluye a Venezuela (30,1) y la Argentina (25,3), el país latinoamericano con inflación más alta es Brasil (apenas 5,5). En el ranking que incluye a todos los países y a las dependencias con autonomía económica, estamos entre los cinco con inflación desbordada. Los otros son Bielorrusia, Etiopía Irán y Venezuela. Con la medición del INDEC (10,8), no estamos muchos mejor: tenemos la misma inflación que Kenia y Angola.

Con vistas a 2015, un plan de recomposición institucional y social debería incluir los siguientes puntos:

Gobierno de coalición. Ninguna fuerza política puede, por sí sola, revitalizar las instituciones y superar la crisis económica. Será necesario un gobierno de coalición, y el sistema de primarias abiertas permite armarlo de antemano: los partidos que formen alianzas conservan su individualidad, pero deben acordar entre sí un mínimo común denominador. En la acción conjunta, además, se superan prejuicios y rencores. Los comicios son, por otra parte, los que definen quién lidera y cuál es la representatividad de cada fuerza.

Costos políticos solidariamente asumidos. El próximo período será de “vacas flacas”. Así como entre 2003 y 2013 se administró una bonanza caída del cielo, a partir de 2015 será necesario controlar adversidades que pueden afectar la popularidad de quien gobierne. No hay, por ejemplo, forma de controlar la inflación sin limitar el consumo: algo que a mediano plazo beneficiará a todos (en especial a los de menores recursos) pero que en el corto provocará reacciones. Todas las fuerzas coaligadas deben comprometerse, el día 1, a mantener la solidaridad en “las malas”.

Apertura y diálogo. La coalición no deberá pretender una oposición mansa y condescendiente; los gobernantes están para superar obstáculos, no para victimizarse. En este caso, además, deberán abrirse a un diálogo abierto, franco y permanente con las fuerzas opositoras; no para que éstas pierdan esa su condición, sino para lograr acuerdos sobre políticas de largo aliento. Un Consejo de Estado pluralista podría ayudar a tales políticas en área tan importantes como la calidad de la educación o una igualitaria redistribución del ingreso.

Firmeza frente a la resistencia al cambio. Esos acuerdos no serán de ninguna manera unánimes; pero deben tener el mayor apoyo posible. De lo contrario, el país acentuará su decadencia, la economía se rezagará y millones de habitantes seguirán empobreciéndose. Por eso, no hay que retroceder ante la resistencia al cambio que puedan oponer algunos sectores. Si se quiere aumentar la calidad de la educación, hace falta exigencia y disciplina académicas; pero no sería raro que hubiese fuertes reacciones de parte del estudiantado. Y si se pretende redistribuir el ingreso ?indispensable para promover la justicia social?no puede descartarse.

Audacia en pos de la energía. Para aumentar la capacidad de generación ?sin la cual ni la economía ni la sociedad podrán progresar?es necesario recuperar la autosuficiencia perdida. Para sustentar una tasa media de desarrollo, hace falta invertir (en hidroelectricidad, petróleo y otras fuentes de energía) más de 10.000 millones de dólares por año; y esa es una cifra que no se alcanza ni sumando la capacidad de inversión del Estado y el sector privado. ¿Puede haber fuerza política que no lo comprenda? ¿O que, comprendiéndolo, está dispuesta a impedirlo? No , pero políticas públicas como éstas pueden chocar con un ecologismo y un nacionalismo mal entendidos. La política energética debe ser gobernada por un ecologismo racional, de base científica, que proteja de verdad, sin fetichismos, el medio ambiente, la vida humana y el desarrollo sustentable. La política energética, también, debe romper antiguas aprehensiones y terminar con la dependencia, que en realidad no se da cuando atraemos inversiones sino cuando debemos comprarles a las multinacionales el petróleo y el gas que producen en otras partes del mundo.

Justicia social. Hay que evitar que los sueldos pierdan valor a medida que pasan los días del mes. Y que la indigencia aumente, apenas disimulada por dádivas del Estado. Y que las crisis financieras se coman los ahorros. Y que el calor nos deje sin luz. Nada de esto se puede hacer sin coraje, paciencia y perseverancia.

Nada de esto se conseguirá si no se busca, con grandeza y desinterés, los acuerdos políticos más amplios posibles.