La iniciativa, presentada por diputados del Frente Amplio Progresista, señala que el Tribunal de Jurados “conocerá” en los delitos tipificados en el Código Penal, Parte Especial, Título XI “Delitos contra la Administración Pública” tales como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, y enriquecimiento de funcionario y empleado, entre otros.

“Si los funcionarios públicos son elegidos por los ciudadanos o bien son designados por quienes han sido elegidos por la voluntad del pueblo, este último, a través de personas desinsaculadas al efecto, tiene derecho a participar del juzgamiento cuando aquellos incumplen sus obligaciones”, argumentaron los autores de la iniciativa en los fundamentos de la presentación.

Los legisladores agregaron, en el mismo sentido, que “debe reconocerse el derecho a la ciudadanía de juzgar a los funcionarios que cometen delitos contra la administración pública los cuales, en forma directa o indirectamente, la afectan”.

Seguidamente, los diputados retomaron el concepto de “democracia participativa”, al considerar que se trata de “la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, entendida ésta como algo de lo que todos los ciudadanos forman parte; por lo cual mayor es la importancia de que dicha participación se vea implementada en los juicios llevados a cabo contra funcionarios públicos implicados en delitos contra la administración pública”.

“Para que el sistema judicial funcione correctamente, y el ciudadano se sienta satisfecho en el juzgamiento de los funcionarios públicos, cuya conducta puede verse incursa en alguna de las figuras delictivas contemplada en el título dedicado a los delitos contra la Administración Pública, se deben escuchar sus demandas, puntos de vista, preocupaciones y necesidades; se le debe dar el lugar al ciudadano para participar en el juzgamiento del funcionario público que el mismo eligió, o fue designado por la persona por él elegida, y que puede haber cometido un delito”, insistieron.

“La participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y es necesaria para construir una democracia real”, dijeron desde el bloque de diputados del FAP.

Por último, se destaca que en la provincia de Buenos Aires los delitos contra la administración pública se encuentran fuera del alcance de juzgamiento por los Juicios por Jurados, al contrario de lo que ocurre en Córdoba, provincia que resultó precursora en la implementación de la institución de Juicios por Jurados, donde se encuentran expresamente contemplados los comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción administrativa.