El diputado nacional Julio Martínez pidió al Ministerio de Defensa que informe si cuenta con un registro de la cantidad de “armamento militar que ha sido robado de sus instalaciones, o que se ha denunciado como perdido y cuál es el protocolo que se sigue cuando un arma es obsoleta y hay que destruirla”.

El asalto al blindado en Moreno, del que resultó muerto un jubilado y fueron heridas tres embarazadas, fue efectuado por delincuentes que portaban fusiles automáticos. Ante ello, el legislador radical advirtió que “llama la atención y preocupa, en este tipo de hechos, el uso generalizado del FAL (Fusil Automático Liviano) y la facilidad con que se consiguen las municiones”

El integrante de la Comisión de Defensa recordó que “durante la gestión de Arturo Puricelli pedimos explicaciones al Gobierno cuando en febrero de 2012 fueron robados 154 FAL y pieza s completas para armar otros 250 fusiles y además fueron sustraídas cinco ametralladores antiaéreas 12.7 y una ametralladora pesada MAG del Batallón de Arsenales 603, en la localidad santafecina de San Lorenzo, el entonces ministro no contestó el pedido de informes”.

Explicó que “oficialmente se habían reportado entre 2008 y 2010 la pérdida de 14 fusiles de asalto, una ametralladora MAG, tres subametralladoras Halcón, 31 pistolas Browning 9mm y cientos de cajas de municiones. Sospechamos que esas armas están en poder de las organizaciones criminales y, además, existe una logística para ‘comercializarlas’ en el mercado ilegal incluso, hay numerosas denuncias sobre la aparición de armas de uso militar en Argentina en las favelas de Río de Janeiro”.

“El ministro Rossi tiene la obligación de garantizar el destino, el cuidado y el buen uso de las armas que la sociedad pone en manos de los uniformados para defender la soberanía nacional. A los problemas de la escasez presupuestaria, la falta de entrenamiento y el deplorable estado del material de las FFAA, el estado no puede permitir la circulación ilegal de armas de uso militar”, concluyó Martínez.