Durante esta semana se conoció que a disposición del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, fueron vetados cuatro proyectos presentados y aprobados por la Legislatura porteña aunque algunos fueron impulsados por legisladores del Pro.

La ley aprobada por la Legislatura que incorporaba el criterio de sustentabilidad a las compras y contrataciones de la administración porteña fue una de las rechazadas. Según se dio a conocer a través del Boletín Oficial, Macri entiende que la norma es “de imposible cumplimiento”, dado que muchos de los productos que se adquieren “no cuentan con información en relación a la eficiencia energética”.

El proyecto es de la ex legisladora del FpV María José Lubertino y fue acompañado por el macrismo como también por otros bloques que forman parte del recinto porteño.

Según, Lubertino el veto “reitera el modus operandi de rechazar las leyes en enero, para tener menos repercusión”.

“El Estado de la Ciudad atrasa en ahorro de energía, en las compras y contrataciones, y debería dar el ejemplo. Macri aun no reglamentó la ley de eficiencia energética para edificios particulares que tiene más de dos años, pero se llena la boca con declaraciones grandilocuentes”, concluyó Lubertino.

Se conoció, además, el veto a la proyecto de Ley N° 4.814, sancionado por la Legislatura en su sesión del día 5 de diciembre de 2013, por el que se condona “la deuda en concepto de contribuciones por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, que mantiene la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en liquidación (CASSABA en liquidación)”.

Sorprendió, también, la decisión del jefe de Gobierno de desaprobar dos iniciativas que fueron presentadas y defendidas por integrantes de su bloque.

Una de ellas fue la presentada por el diputado porteño Daniel Lipovetzky que indicaba que en cada organismo o dependencia pública o privada con atención al público y en todos los restaurantes, confiterías, bares, pubs de más de cincuenta metros cuadrados de superficie se disponga de dos sillas o sillones como mínimo, para que puedan ser usadas por personas con obesidad.

Según el jefe de Gobierno, “la medida propuesta no resulta adecuadamente inclusiva” y que “es imprecisa al momento de definir qué establecimientos quedan alcanzados por la obligación, al no determinar con claridad si el parámetro objetivo -superficie mínima- adoptado como condicionante de su exigibilidad se aplica a “todo establecimiento privado con atención al público” o sólo a aquellos donde se desarrollen actividades gastronómicas”.

A su vez, el mandatario negó la promulgación al proyecto impulsado por el legislador del Pro Jorge Garayalde que regula la venta de anteojos sólo en casas de ópticas en la Ciudad y locales afines habilitados, ya sea correctores, protectores y/o filtrantes o solares, terapéuticos y todo elemento que tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus vicios.

Los argumentos esgrimidos por la jefatura de Gobierno porteña es que la iniciativa “es imprecisa en la descripción de los supuestos alcanzados por la misma, al tiempo que no define con exactitud la extensión de la expresión ‘anteojos legítimos’” y que “adolece de falta de certidumbre y especificación concreta del tipo legal exigible y su consecuente mecanismo de aplicación”.