Más de treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura militar ameritan que tracemos un boceto con algunas ideas sobre el papel de las instituciones militares en el sistema político de gobierno.

Lo primero es rechazar el desconcepto que surge del sello postal conmemorativo de la llamada ‘década ganada’. Si el valor que se atribuye a los militares oficialmente es dibujarlos patas para arriba en una estampilla que “recorrerá el país y el mundo”, conforme palabras de funcionarios, evidentemente la intención continúa siendo escarnecerlos y vapulearlos a contrapelo de lo que la Argentina necesita, que es fortalecer globalmente su poder nacional, lo cual incluye – con toda obviedad – a su poder militar de defensa.

Lo segundo por señalar es que las FFAA deben ser todo lo profesionales –con exquisito alto entrenamiento y dotadas de los más sofisticados y tecnológicos equipamientos– de que seamos capaces de lograr y correlativamente absolutamente alejadas del embanderamiento con el gobierno de turno, es decir absolutamente lejos de la más mínima partidización.

Comprendo que es difícil – para la cultura ainstitucional que padecemos – distinguir entre subordinación constitucional al gobierno y no sometimiento a la bandería política de ese mismo gobierno.

En un país con apego a las leyes y respeto a las instituciones es sencillo distinguir ente la presidencia de la república como institución y como jefatura partidaria. Entre nosotros ambos están tan confundidos que hasta tendemos a considerar imposible disociarlos. Por eso, las FFAA son incitadas públicamente desde las altas esferas del gobierno a “alinearse con el modelo”, disfrazando burdamente esa apelación como si fuera el encuadramiento que manda la Constitución, que es sistémico y no partidista. Esa exhortación al alineamiento merece el total repudio.

Ahora bien, ¿qué mutaciones se deben introducir para revalorizar el rol de los militares y para darles mayor funcionalidad? La ley 24.059 prevé que las FFAA sólo pueden utilizarse para seguridad interior en caso de una excepcional crisis. El concepto legal es equilibrado, pero exige algunos ajustes basados en las hipótesis de los llamados conflictos y/o amenazas de cuarta generación. Éstos son los configurados por el crimen supranacional organizado, el espionaje tecnológico-industrial, las acechanzas estratégicas que tienen en mira los recursos críticos y/o escasos como ciertos minerales o el agua, el narcotráfico con estructura internacionalizada, algunas tensiones étnicas fogoneadas por intereses también internacionales, para citar sólo algunos. Son innúmeros estos eventuales conflictos, tan inacabables como la imaginación criminal y como la codicia, ese vicio tan antiguo como el hombre.

Estas amenazas no provienen técnicamente de estructuras estatales ajenas, sino que se han organizado novedosamente. A una novedad corresponde una respuesta nueva.

Es totalmente cierto que es impensable que la Argentina sufra una invasión como la inglesa de 1806 o la de igual proveniencia de 1833. Empero, hoy mismo los herederos de aquellos añejos invasores exploran y comienzan a explotar hidrocarburos en nuestro mar ¿Cómo se puede describir esta situación? ¿Es anodina?

¿Amerita que las FFAA realicen inteligencia sobre las conexiones internas y externas de las actividades de las compañías petrolíferas involucradas y del gobierno que las ampara? ¿Puede establecerse una nítida frontera entre inteligencia interior –vedada por la ley mencionada– y foránea, cuando se trata de un asunto como este?

El delito internacional organizado tiene ramificaciones obviamente afuera del país, pero opera adentro

¿Es conveniente sustraer a las fuerzas armadas de la inteligencia sobre esas amenazas porque su actividad se extiende y despliega en el interior del país? ¿Cómo deslindar que efectúen inteligencia hasta un punto y a partir de él se desconecten? Sería descoordinar la acción, algo absolutamente no recomendable si es que queremos buenos resultados.

El supuesto de las FFAA combatiendo internamente al narcotráfico es materia de creciente debate. Me Inclino resueltamente porque los militares no intervengan ni participen directamente en esa necesaria y decisiva pugna. Sería nefasto que el malsano y penetrante dinero de la droga se filtre en las FFAA.

Éstas deben ser preservadas. Sí, deben hacer inteligencia en esta cuestión y en el marco de la comunidad de los organismos del Estado que realizar esas sensibles tareas, compartir la información obtenida.

Eso sí, acá hay que remover las murallas entre Seguridad Interior y Exterior. Simplemente, porque esas murallas solo existen en la imaginación de los inspiradores de la ley 24.059. La inseguridad externa repercute adentro, tiene su secuela en el interior ¿Cómo lograr que las FFAA se dediquen a la defensa nacional y no a la seguridad cotidiana? La respuesta es sencilla: con bien formadas y respetadas fuerzas militares y de seguridad, cada una cumpliendo cabalmente sus fines y objetivos y trabajando conjuntamente cuando la envergadura de la amenaza o de la crisis lo exijan.

En síntesis, sin preconceptos o prejuicios ideológicos. Es veraz que padecimos la intromisión recurrente del “partido” militar con sus nefandas consecuencias institucionales y de todo orden, traducidas en la agudización de nuestra decadencia nacional. No fue una única causa. Los militares fueron partícipes necesarios de una asociación de (i)responsables ( pongo la i porque en rigor no han respondido por sus actos) políticos, dirigentes socio-empresarios y genéricamente todos los actores más encumbrados que ha producido la declinación moral y material de la Argentina. También sufrimos “la maldita policía”. Ahora, si aspiramos a tener un país bien defendido y seguro interiormente, ¿persistiremos en infamar a las FFAA y a la policía o las integraremos institucionalmente, reformándolas, profesionalizándolas, remunerándolas y respetándolas?

¡Basta de ideología! Requerimos sentido común que es pariente de primer grado de la racionalidad.

En el área de Defensa Nacional la Argentina reclama un rol institucional activo para las FF.AA. junto con fin de su metódica denigración. No las queremos combatiendo a los cacos de la esquina. Ni siquiera a los narcotraficantes. Pero sí las necesitamos sólidas, colaborando con las fuerzas de seguridad cuando el delito organizado cobra amenazante dimensión y sobre todo, las pensamos como nuestra garantía en uno de los objetivos básicos que establece el Preámbulo, la Defensa Nacional.

Diputado nacional por UNIR, integrante del Frente Renovador