La problemática del mal estado de las rutas provinciales fue uno de los temas estuvo en la agenda, tanto de legisladores oficialistas como opositores. Aquí aparecen algunas de las tantas expresiones que se expusieron en el ámbito legislativo sobre la cuestión.
Tanto el oficialismo como la oposición cerraron 2013 con la problemática del estado de las rutas como tema destacado en la agenda diaria. Así, en la última sesión extraordinaria del año, el tema se coló en la Cámara joven que conduce Horacio González, donde diputados opositores expresaron duras críticas por la situación de los caminos en la provincia.
La falta de mantenimiento y reparación de las rutas ya había sido tema de análisis entre legisladores de la oposición y la Unión de Usuarios Viales, encuentro en el que se escucharon fuertes cuestionamientos “a la falta de inversión” de la Provincia.
Una de las voces opositoras más críticas fue la del presidente de la Comisión de Transporte en la Cámara baja, el diputado del FAP Ricardo Vago, quien cruzó duro al bloque del FpV-PJ por no haberlos acompañado en un proyecto de declaración solicitándole al Ejecutivo que con carácter de urgente dispusiera las medidas necesarias para corregir con una obra definitiva el terraplén de alteo del kilómetro 55 de la ruta 86.
“El problema de la Provincia, en materia de rutas, exige mayor inversión que lo planteado en el Presupuesto. Normalmente, lo planeado allí nunca se ejecuta. Nosotros, acompañando a los usuarios viales, planteamos poner pasacalles alertando sobre el peligro que hay al transitar en las rutas”, precisó el legislador.
Pese al rechazo del tratamiento al proyecto de Vago, Diputados sí aprobó cuatro proyectos del massista Víctor Monfasani por los que se reclama a la Dirección de Vialidad la reparación de otras tantas rutas. Uno de ellos pide la “urgente repavimentación y demarcación” de la ruta 41, en el tramo que une Baradero, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles y Mercedes. El legislador pidió además la pavimentación de la ruta 51, en el tramo que une Ramallo, Arrecifes y Carmen de Areco; de la ruta 191, entre Salto, Arrecifes y San Pedro; y la ruta 1001, en el tramo comprendido entre la localidad de Río Tala y San Pedro.
Las voces críticas no sólo fueron de legisladores opositores, sino que también recayeron desde el propio oficialismo. El diputado del FpV-PJ Darío Golía, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, aseguró que “es necesario avanzar en un plan” para las rutas provinciales.
“Hoy están previstos mil trescientos millones en el tema rutas en la provincia. Hoy reparar o mantener los kilómetros en la Provincia supera los ocho mil quinientos millones, por lo tanto estamos diciendo que con esto es muy poco lo que se puede hacer en el transcurso de un año”, afirmó el ex intendente de Chacabuco.
De hecho fue Golía quien, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, reactivó el pedido para que se realice la autovía Luján-Junín. “En lo que hace a los cincuenta y pico de kilómetros del tramo Chacabuco sobre la Ruta Nacional n° 7, en diez años tuvimos setenta y tres muertos y quinientos lesionados; son estadísticas oficiales”, agregó.
Según se comunicó oficialmente, el próximo 10 de marzo se efectuará el llamado a licitación para la autovía Chacabuco-Junín, mientras que la apertura de sobres se concretará el 14 de abril. Cabe recordar que al momento ya se encuentra en construcción el tramo que comprende Luján-San Andrés de Giles.
Usuarios
Además en la previa a la última sesión, legisladores del Frente Progresista recibieron a Usuarios Viales quienes reclamaron por la grave situación de las rutas bonaerenses y la falta de inversión en obra pública, pero además en la reunión mantenida se plantó bandera sobre un trabajo constante en esta materia en la legislatura.
El coordinador de la Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, sostuvo que “esta reunión es un puntapié inicial para trabajar junto con todos los actores interesados en un nuevo paradigma para nuestras rutas. Estamos en medio del proceso de colapso de nuestros caminos, porque las autoridades sólo trabajan sobre los bacheos”.
En tanto, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señaló que “el peaje como está concebido es un impuesto al tránsito, porque en nuestro país se paga antes de que se haga cualquier tipo de obra. Este sistema es inviable y la prueba está en que en 22 años no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo, es un gran negociado para los empresarios”.
El presidente del bloque de senadores de la UCR, Carlos Fernández, manifestó que “es central que el tema vial se instale en la agenda pública a los efectos de terminar con la desidia que ha caracterizado a la inversión pública en este tema en los últimos años y que ha transformado las vías de comunicación en una de las principales causales de muerte en la provincia de Buenos Aires”.
El diputado Ricardo Vago explicó la propuesta para el año próximo para realizar en “marzo con una audiencia pública en la cual participen los distintos componente de usuarios viales” y agregó que “nuestras rutas están en un estado de colapso, muchas ya no son rutas sino senderos. Las autoridades solo actúan cuando hay un costo periodístico. El objetivo es poner el tema en el pensamiento y acciones de nuestros gobernantes para que no haya más muertes evitables”.
Peaje
El panorama sobre el que vienen trabajando los legisladores de la provincia de Buenos Aires se puede tranquilamente dividir en dos grandes dimensiones. Por un lado están las rutas que no están concesionadas y las que no. En estas últimas el abandono y falta de mantenimiento es la denuncia que se repite. En las que están concesionadas la queja es por la falta de inversión o por el precio del peaje.
Se espera que para el arranque del año legislativo los aumentos estivales que sufrieron los peajes, administrados por el sector público o privado, sean planteados por varios legisladores. De hecho algunos ya lo plantearon.
La diputada y vicepresidenta del bloque del Frente Renovador Mónica López presentó un recurso de amparo contra los aumentos en los peajes de la Autopista Buenos Aires – La Plata dispuestos por el Ministerio de Infraestructura Bonaerense.
Entre los argumentos esgrimidos en el recurso presentado se indica que “cada usuario tiene en juego su derecho de propiedad a una tarifa justa y razonable, sin incrementos carentes de sustento legal y sobrefacturaciones”. Asimismo se señala que se han violado derechos, entre ellos, los del consumidor, que prevén la realización de una audiencia pública previa a la determinación de un aumento tarifario.
Desde el FPCyS se advirtió sobre otra cuestión: “aprobar el sistema ‘Hora pico sin Camiones’ en la autopista Buenos Aires-La Plata no sólo no ayudará al tránsito de ese corredor colapsado, sino que además podría derivar en un incremento de la ola inflacionaria, ya que las empresas afectadas por este tarifazo trasladarían el mayor costo que deben afrontar a los precios de bienes y servicios que son esenciales para la ciudadanía”.
De esta forma los progresistas rechazaron el anuncio del Gobierno provincial de aplicar el mismo sistema que rige a nivel nacional, cobrando un adicional que llevará hasta $185 el peaje de Dock Sud para camiones en horas picos y recordaron que “hace pocos días, el 13 de diciembre, se aplicó un aumento del 35% a través de una resolución”.
