Graciela de la Rosa presentó un proyecto para relevar de manera continua los costos de los distintos bienes y crear una base de datos única con información para el consumidor.
En sintonía con la insistencia oficial para que los ciudadanos controlen el cumplimiento de los “Precios Cuidados”, la senadora nacional Graciela de la Rosa (FpV-Formosa) presentó un proyecto de ley para crear un sistema nacional de “monitoreo y seguimiento social” del valor de los bienes que integran la canasta básica alimentaria.
A través de esta iniciativa, De La Rosa propuso realizar un relevamiento continuo de las estructuras de costos de los distintos bienes de la canasta, considerando las particularidades de las distintas regiones del país.
En este sentido, el proyecto prevé crear una base de datos única a nivel nacional, donde aparezca sistematizada toda la información acerca de los precios y los costos, que quedaría disponible para el consumidor.
“Estamos recogiendo numerosas iniciativas y experiencias, tanto nacionales como internacionales, para considerar un abordaje estructural de las causas que originan el alza de precios en bienes sensibles para la población”, remarcó la senadora.
Y señaló que el proyecto se sustenta en tres ejes básicos: “transparencia y racionalidad en la formación de precios, información al consumidor y participación de todos los actores”.
De sancionarse la ley, el sistema funcionaría en el ámbito de la Jefatura de Gabinete Nacional en coordinación con las provincias y con la participación de todos los actores de las distintas cadenas de valor de los bienes, fundamentalmente los productores y consumidores.
Finalmente, se promueve “la conformación de espacios de participación de los actores, posibilitando el diálogo entre los representantes de sectores productivos, comerciales y los consumidores, generando las bases para articular y establecer políticas de acuerdos de precios”.
“Estamos proponiendo un instrumento normativo que promueva la justa retribución a nuestros productores, que identifique y ataque las distorsiones en las cadenas de valor, que ofrezca racionalidad y transparencia a los procesos productivos y de comercialización, y que proteja el poder adquisitivo del consumidor argentino”, concluyó De La Rosa.
