Un legislador que integra el interbloque del FpV en la Legislatura porteña advirtió que la decisión de encomendar la gestión operativa de cuatro líneas de trenes metropolitanos a Roggio y Emepa fue “apresurada”.
Este miércoles por la mañana el Ministerio de Interior y Transporte nacional, a cargo de Florencio Randazzo, informó que los trenes San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Roca quedarán en manos de empresas privadas, algo que motivó el cuestionamiento del legislador porteño de Izquierda Popular Pablo Ferreyra quien tildó a la decisión de “apresurada”.
Según lo dispuesto por el Ministerio, las líneas Mitre y San Martín serán operadas por el grupo Roggio, mientras que las líneas Belgrano Sur y Roca serán operadas por el grupo Emepa. Pero es el primer acuerdo lo que molesta a Ferreyra.
“A partir de lo que conocemos sobre el accionar del grupo en nuestra Ciudad, que desde Izquierda Popular nos parece apresurada la decisión del gobierno nacional de delegar en Roggio la gestión de las líneas Mitre y San Martín de los ferrocarriles”, manifestó.
El diputado que integra el interbloque kirchnerista en la Legislatura de la Ciudad sostuvo que es conocido “el accionar del grupo en nuestra Ciudad”, en referencia a que esa empresa es la que lleva adelante la concesión del subterráneo en el distrito porteño.
“La semana pasada participé de la audiencia pública en la que se discutió el nuevo cuadro tarifario que implementará el Pro en el subte de Buenos Aires a partir de marzo. Allí planteé, entre otras cuestiones, la ineludible e imperiosa necesidad de realizar una auditoría externa, exhaustiva e imparcial sobre las ganancias y la estructura de costos de la empresa Metrovías SA, controlada por el grupo Roggio”, manifestó.
Y advirtió que “la política llevada adelante en el subte ha beneficiado sólo a la empresa concesionaria del servicio” y agregó que “el nuevo aumento que implementará el Pro responde a cálculos atravesados por los intereses económicos privados del grupo Roggio y a la información que la misma empresa provee”.
“Más allá de estos cálculos, seriamente cuestionados por la Auditoría General de la Ciudad, la empresa instrumentó una red de tercerizadas alrededor de la explotación del servicio a través de las cuales muestra pérdidas en la empresa madre, controlada por el Estado, y ganancias en las empresas sin control estatal. Esta situación dificulta la constatación de los costos e ingresos reales de la concesionaria”, concluyó.
