Luego de que se conocieran dos comentarios publicados en la Carta de Lectores de un importante matutino porteño en los que se denunciaban problemas para conseguir elementos para los tratamientos de diálisis, la legisladora de Confianza Pública Graciela Ocaña presentó un proyecto para que el Ejecutivo porteño informe “el estado de las prestaciones correspondientes a la Red de Diálisis y Nefrología en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los centros y servicios de diálisis en instituciones privadas de esta Ciudad”.

Uno de los comentarios en la Carta de Lectores del diario Clarín fue expresado por el Doctor Alfredo Casaliba Presidente de la Asociación de Diálisis y Trasplantes Renales quien manifestó que “la situación actual, con inflación continua, devaluación de la moneda y trabas a las importaciones hacen que nos veamos en una grave encrucijada, en donde no tenemos los insumos importados necesarios (agujas, heparina, guantes de látex) y, si tenemos la suerte de conseguir algún vendedor con stock, que especula con el precio al que deberá recomprar la mercadería, nos la ofrece a precios exorbitantes, por no decir inalcanzables”.

En un tono similar se pronunció el vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP), Fernando Corsiglia, al señalar que “en el caso de los insumos importados, el problema se viene extendiendo desde el 2012 cuando comenzaron las trabas a las importaciones. Desde ese momento ya estamos trabajando con escasez de los mismos. Pasa fundamentalmente con lo insumos biomédicos, que son todos de origen importado”.

A raíz de la información aportada por los profesionales, Ocaña pide que el Gobierno porteño informe si los tratamientos de hemodiálisis crónica o aguda se prestan con normalidad tanto en instituciones púbicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si se “cuenta con una adecuada estructura de materiales para el tratamiento dialítico”.

Además, el proyecto de la ex ministra de Salud de la Nación exige que se dé a conocer “si existen problemas con la provisión o adquisición de insumos y/o materiales para el tratamiento dialítico en los servicios públicos y privados del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Esta situación no es novedosa, las desatinadas mediadas que viene adoptando el Poder Ejecutivo Nacional, estableciendo trabas al comercio exterior y restricciones al mercado cambiario, vienen generando graves inconvenientes sobre las prestaciones de salud”, analizó Ocaña en la iniciativa.

Vale recordar que en su paso por el Congreso Nacional, Ocaña presentó un proyecto de ley en la Cámara baja el cual establecía que “el Estado deberá abstenerse de impedir, restringir o limitar el ingreso de medicamentos, especialidades medicinales o farmacéuticas, principios activos o droga farmacéutica, monodrogas, reactivos de diagnóstico y materiales destinados a las investigaciones clínicas de origen importado, cuando los mismos contaren con la respectiva autorización de la autoridad sanitaria nacional, se encontraren debidamente inscriptas en los registros de la autoridad sanitaria nacional y no existieren razones de salud pública que así lo ameritaran”.

Sostiene la legisladora de Confianza Pública que “desde aquel momento, nada se ha hecho” y que, por el contrario, “la situación se ha visto agravada por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en particular, la brutal devaluación de nuestra moneda”.

“Las dificultades para conseguir ciertos medicamentos o insumos médicos continúan produciéndose desde, al menos, el año 2012 y son consecuencia directa de las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional”, fundamentó.

Por último, advierte en la iniciativa que “no debemos olvidar que el artículo N° 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantiza el derecho a la salud integral, imponiendo el deber sobre todos los funcionarios y legisladores de la esta Ciudad para resguardar este derecho”.