Se hizo lugar a un pedido de la querella y se postergó el encuentro. El diputado Ricardo Vago recordó que el puerto está ubicado en un sitio peligroso.
El diputado provincial Ricardo Vago concurrió este miércoles para participar de la audiencia pública que se llevó a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en el marco del tratamiento de la causa donde vecinos de Escobar actuaron como querellantes contra el Estado Nacional, cuestionando la legalidad de la instalación de un Puerto Regasificador de Gas Natural Licuado (GNL).
En esta oportunidad, el abogado de la querella solicitó recusar al fiscal que intervino, con el argumento de “no cumplir con la función que tiene como representante de la Justicia y velar por los derechos ciudadanos”. Los jueces hicieron lugar a la solicitud, establecieron los pasos para tal procedimiento y postergaron la audiencia pública para una próxima fecha.
El legislador del Frente Amplio Progresista estuvo presente “con el objetivo de acompañar el importante trabajo que los ciudadanos de la zona vienen realizando desde que se conoció el proyecto, el cual está en pleno funcionamiento”. Entre los planteos realizados por el pueblo de Escobar, quedó de manifiesto que “el puerto se realizó sin concesionarse, que existe una contradicción con las normas internacionales y nacionales que impiden la instalación de este tipo de proyectos. Teniendo en cuenta la cantidad de GNL utilizado, en el caso de un accidente, podría destruir una radio de varios kilómetros”. También fue un eje en la audiencia pública el “daño ambiental ocasionado por un proyecto inadecuado para la zona.
En relación al tema el diputado Vago declaró que “es una ubicación peligrosa por la posibilidad de una colisión en el lugar, teniendo en cuenta las características del Río Paraná de las Palmas”. Además sostuvo que “estamos acá para evidenciar un problema que es complejo, que se vincula con la crisis energética que tiene el país, pero principalmente muestra nuevamente como el Estado Argentino resuelve los problemas estructurales: violando normas internacionales, pasando por arriba de la decisión popular y poniendo en riesgo a una gran cantidad de población. Nosotros seguiremos trabajando para que esto sea de público conocimiento y lo llevaremos al recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para que sea conocido por todos aquellos que tienen representación institucional”, finalizó el diputado provincial.
