A pesar de los anuncios formulados en enero por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el Poder Ejecutivo no convocó a sesiones extraordinarias en lo que va de febrero, ni lo hará en lo que resta del mes, a la espera de que la presidenta Cristina Fernández inaugure el período ordinario.

No es la primera vez que Capitanich queda en jaque: el jefe de los ministros protagonizó otros entredichos este verano, cuando negó y luego confirmó posibles cambios en el impuesto a los Bienes Personales, y también al anunciar que el Gobierno comenzaría a importar tomates.

Más allá de los anuncios fallidos del jefe de Gabinete, el Gobierno mostró poca predisposición para que sesione el nuevo Congreso, ya que en diciembre pasado, en lugar de convocar a extraordinarias, prefirió extender las ordinarias, con la vieja conformación parlamentaria, algo más favorable para el bloque oficialista.

A ello se le sumó una economía convulsionada en el mes de enero, signado por mayores niveles de inflación y una devaluación que llegó al 20 por ciento, lo que echó por tierra los planes de convocar a extraordinarias.

En este marco, quedó pendiente el tratamiento de una extensa serie de proyectos, algunos de ellos incluidos en un temario que el Ejecutivo envió al Congreso en diciembre pasado.

Allí figuraba una iniciativa del senador kirchnerista Aníbal Fernández para castigar a las fuerzas de seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio, con penas que alcanzarían los 12 mil 500 pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años.

El Ejecutivo también había incorporado un proyecto para la estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y otro para la creación de la Universidad de Defensa Nacional.

Para febrero, Capitanich había anunciado modificaciones al Código Aduanero para fomentar la utilización de los puertos y desalentar el uso del transporte automotor, aunque no trascendieron más detalles de la iniciativa.