El gran debate nacional por estas horas lo constituye el precio que se le debe pagar a la petrolera española por la expropiación del 51 % de las que hasta hace poco menos de dos años eran sus acciones.

Algunos centran su crítica en las desafortunadas expresiones del entonces viceministro y actual ministro de Economía, Dr. Axel Kiciloff, quien en su momento –apenas anunciada la medida- cargó duro contra las voces –sensatas- que preveían una futura compensación monetaria como contrapartida de la expropiación de las acciones por parte del Estado Nacional.

Otros dirigentes de la oposición han hecho referencia a una supuesta ausencia en el Expediente del dictamen correspondiente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, requisito que estipula la Ley 26.741, en virtud de la cual se inició el proceso expropiatorio de las acciones, lo cual es falso, más allá de la valoración que haga cada uno sobre el contenido del mismo. En este, y en todos los temas de la agenda pública, se impone la seriedad, no sirve criticar echando mano a argumentos de dudosa valía.

Desde mi punto de vista la cuestión es infinitamente más profunda, la mencionada Ley 26.741, sancionada en mayo de 2012 contiene verdaderas declaraciones de principios con los que, si en la práctica se cumplieran, todos estaríamos de acuerdo. La norma, en su artículo 1, afirma que la medida, entre otro fines, garantizará “el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”; en el artículo 2 expresa que el Poder Ejecutivo Nacional, como autoridad de aplicación, “arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente con el concurso de los estados provinciales…”; el artículo 3, inciso a), por su parte, establece, entre otros principios que deberían regir la política hidrocarburífera de la República Argentina: “La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones”; luego, en el inciso g) del mismo artículo, declama otro principio: “la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, la calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”; por el artículo 4 se crea un “Consejo Federal de Hidrocarburos”, en el que, además de distintas reparticiones del Estado Nacional, están representadas las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como función principal declarada: “Promover la actuación coordinada del Estado Nacional y los Estados provinciales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente”. He señalado, literalmente, estos puntos, al solo efecto de evidenciar que la referida Ley 26.741, en lo que respecta a los intereses de los Estados provinciales y a los sacrificados consumidores no se ha cumplido, lo que constituye un hecho de suma gravedad que denuncio en este acto.

Desde la sanción de la Ley comentada el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado veinte normas reglamentarias, totalizando quince resoluciones y cinco decretos; ninguno de ellos se refiere a los temas relevantes que enumeré arriba. Asimismo, se ha podido conocer recientemente el texto del Convenio suscripto entre el Estado Nacional, representado por el nombrado ministro Kiciloff, y la petrolera española Repsol. Deseo resaltar un aspecto preocupante del mismo: en la “Cláusula Séptima. Condiciones Suspensivas”, afirma, textualmente: I.II “Que, antes del 1 de mayo de 2014, el ACUERDO sea aprobado de manera plena e incondicionada mediante una ley especial sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, promulgada y publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el Poder Ejecutivo Nacional, que apruebe, además, la emisión de los TÍTULOS PÚBLICOS y de los avales necesarios para el otorgamiento de la GARANTÍA y la ampliación de las partidas presupuestarias correspondientes”; ¿cómo podemos aceptar que por vía de un “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” se le ponga plazo al Congreso de la Nación para el tratamiento de un proyecto? Que la simple firma de un ministro condicione al Congreso de la Nación constituye un verdadero desatino.

La Ley 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, Recuperación del Control de YPF y Creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, podría incluso ser evaluada como positiva, si el Gobierno Nacional, como autoridad de aplicación que es, se dispusiera a cumplirla en todos sus términos, escuchando a las provincias, defendiendo a los consumidores y administrando responsablemente el patrimonio de los argentinos.