El kirchnerismo tuvo siempre un temor reverencial a la posibilidad de perder la calle. Esa es una de las principales razones de la alianza que gestó Néstor Kirchner con el camionero Hugo Moyano. De haber seguido vivo el santacruceño, hubiera sido impensable una ruptura con semejante aliado.

Esa es la génesis del recelo que sentía el expresidente hacia Juan Carlos Blumberg, el primer hombre que logró inquietarlo, cuando movilizó a entre 150 y 200 mil personas para reclamar seguridad. Fiel a su estilo, Néstor Kirchner se fue esa noche bien lejos, a Tierra del Fuego con la excusa de participar de la vigilia de los veteranos de la guerra de Malvinas, mientras la ciudad era copada por la convocatoria del padre de Axel. Dispuesto a hacer cualquier cosa para no correr riesgos, el santacruceño ordenó luego a su tropa legislativa hacerse eco de los reclamos y sobrevinieron las “leyes Blumberg”, un paquete de normas que aprobaron los legisladores bajo la atenta mirada desde el palco de quien entonces era conocido como “el ingeniero”.

Según un relevamiento, en 2012 el 26% de los diputados y el 34% de los senadores eran abogados, lo que confirma que esa es una de las profesiones predominantes en el Congreso, y da que pensar que no les debe haber caído para nada bien que desde el llano les impusiesen un endurecimiento de las penas. La Justicia se ocuparía más tarde de licuar parte de esa dureza: la sumatoria de penas con un tope de 50 años, por ejemplo, duplicaba el máximo de hasta entonces. Esa escala vigente en otros países, aquí nunca se aplicó porque se considera que no puede someterse a una persona a estar presa de por vida.

De algún modo podría decirse que la reforma del Código Penal es la respuesta de los juristas a lo que consideran fue el “zafarrancho” de las leyes Blumberg. Por eso el clima que se percibía en la comisión encargada de elaborar el anteproyecto que le entregaron hace algunos meses a la Presidenta de la Nación.

Bastó que la madre de una víctima de la inseguridad saliera a advertir a través de los medios sobre la permisividad de las nuevas normas, para encender ciertas luces de alarma, aunque los principales partidos de la oposición no se hicieron eco, por cuanto habían contado con espadas principalísimas en la cocina de esas leyes. Fue mérito de Sergio Massa haber percibido que tenía la mesa servida para hacer suyo el tema y embestir contra el gobierno, y a la vez “primerear” al resto de la oposición, que cuando reaccionó ya estaba a la cola del líder del Frente Renovador, para quien el tema sirve para seguir posicionándose ante la sociedad en uno de los temas que, como repite permanentemente, son de “los que importan a la gente”, como así también confrontar con el gobierno nacional, pero sobre todo diferenciarse del resto. Y hasta poner en un brete al gobernador Daniel Scioli, uno de sus principales adversarios para 2015, que no tuvo más remedio que alinearse con el gobierno en este tema.

El resto de la oposición quedó seriamente expuesta. El radicalismo terminó desairando a Ricardo Gil Lavedra, que con la sangre en el ojo sigue defendiendo el proyecto ante quien lo consulte; y el PRO, corrido por derecha. La experiencia no hará tambalear a Federico Pinedo de la presidencia del bloque, pero lo ha dejado expuesto a severas críticas internas y pases de factura por doquier. Le endilgan haberse “cortado solo” en el tema, sin consultar a especialistas del partido y, lo que es peor, no haberles informado convenientemente de lo que terminó siendo un caballito de batalla para un “rival directo” en 2015.

El exintendente de Tigre se propone sacarle al tema todo el provecho que pueda, y la propuesta de una consulta popular le da tiempo de exposición y contacto con la gente sobre una cuestión como la inseguridad, que figura al tope de todas las encuestas. Desde el gobierno y la propia oposición cuestionaron la legalidad de una propuesta como la de juntar firmas para llamar a una consulta popular, pero en realidad puede hacerlo. O mejor dicho, puede juntar firmas para presentarlas ante el Congreso y que el mismo sea el que decida si llama a una consulta.

En forma errada advirtieron que la Constitución no permite consultar sobre esos temas. Negativo: eso es para la “iniciativa popular”. El artículo 39° plantea que “no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”. Pero la consulta popular que propone Massa alude al artículo 40°, que no veda ninguna cuestión.

De todos modos es tan seguro que no habrá consulta popular, como que tampoco se tratará la reforma del Código Penal en este Congreso. Ya no hay número para conseguirlo y ese es un mérito que nadie le sacará al líder del Frente Renovador.

Con todo, la discusión en torno a la reforma penal no alcanzó para tapar el conflicto docente, cuya solución está lejos de avizorarse. Por el contrario, se extiende en el tiempo y pareciera que las autoridades buscan que la indefinición y la extensión consecuente de los paros terminen desgastando a los gremios y deban ser estos los que cedan.

Paralelamente se inician ahora las negociaciones con los demás gremios estatales y los resultados serán el espejo en el que se mirarán los privados a la hora de negociar. Los resultados preliminares muestran que se hace difícil -por no decir imposible- llevar el tope de aumento al 25% deseado por el gobierno; el nivel no baja del 30. Y todos están expectantes respecto de los resultados de la inflación de febrero, que los privados calculan en no menos del 5%. La pregunta del millón es qué porcentaje difundirá el INDEC. ¿Volverá a dar una cifra más o menos razonable, o cederá a las presiones de quienes sugieren volver a falsear los números?

La industria ha comenzado a sentir fuertemente las consecuencias de la crisis. Las ventas de autos y motos bajaron notoriamente con relación al año anterior, pero si se compara febrero con enero, muestran un derrumbe, adjudicable a la aplicación del impuesto a los bienes suntuarios y la devaluación. Los empresarios de las motos advirtieron que si no hay soluciones, a mitad de año tendrán que rediseñarse. Vaya uno a saber qué conlleva esa advertencia, pero es seguro que incluye despidos.

Aunque sorprenda, el parate no deja de ser una buena noticia para el gobierno, que tiene en el sector autopartista una de las mayores grietas por donde se van los dólares, detrás del gasto en combustibles y el turismo.

Paralelamente se conoció esta semana que el gasto público creció en enero el 44,3%. Por arriba de la inflación, lejos. Un dato preocupante para quienes insisten en que para bajar la inflación no alcanza con los Precios Cuidados. Pero una fuente del gobierno consultada por este medio aclaró que si bien han cedido a ciertas demandas ortodoxas, “el ajuste del gasto es un sapo que este gobierno no va a comer”. Deberán hacerlo entonces los privados.