En la sesión informativa del Jefe de Gabinete de Ministros del 12 de marzo de 2014, la Senadora por la Provincia de San Luis, Liliana Negre de Alonso, solicitó a Jorge Capitanich que indique en qué momento el Gobierno Nacional pagará a su provincia los $ 823 millones que le se deben en concepto de coparticipación. Este mismo reclamo ya había sido efectuado el 30 de diciembre de 2013 por el Gobernador Claudio Poggi, sin resultado positivo.

Siendo que el Gobierno Nacional elude las respuestas y tampoco cumple con los pagos que adeuda a mí Provincia, corresponde recordar los fundamentos de dicho reclamo y los fundamentos que le otorgan legitimidad.

El 27 de febrero de 2002 el Gobierno Nacional y varias administraciones provinciales firmaron el “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este pacto fiscal estableció dos cuestiones centrales:

1) Eliminó temporariamente el porcentaje mínimo que la Nación debe girar mensualmente a las provincias, sobre los impuestos nacionales recaudados. Ese porcentaje mínimo en ese momento era el 34% de lo recaudado.

2) Creó un plan financiero mediante el cual los Estados provinciales le transfirieron al Estado nacional parte de su deuda pública (en gran medida nominada en dólares), para que este último renegociara con los acreedores externos e internos. A cambio de ello, el gobierno nacional se convirtió en acreedor de los Estados provinciales. El objetivo de este canje fue “desendeudar” en moneda extranjera a las provincias, ya que la devaluación de 2002 hacía imposible el cumplimiento efectivo por parte de aquellas de las obligaciones contraídas en dólares.

San Luis no adhirió a dicho pacto fiscal ya que sus administraciones habían mantenido una política fiscal responsable, gracias a la cual no precisaban el canje de deuda que ofrecía el Estado Nacional. Asimismo, no aceptaba la reducción de la coparticipación a un monto menor del 34% de lo recaudado.

Sin embargo, y a pesar de no haber firmado el pacto fiscal, el Estado Nacional aplicó sobre San Luis las reglas que únicamente correspondían para las provincias que sí habían adherido a dicho pacto. O sea, que habían renunciado a la coparticipación de al menos el 34% de los recursos nacionales recaudados por el gobierno central.

Doce años han pasado y el Gobierno Nacional sigue incumpliendo con los pagos que corresponden a San Luis y deberían estar siendo utilizados en beneficio de los ciudadanos de mí Provincia. Es hora de que la Nación regularice sus obligaciones y deje de lado las pequeñeces políticas.

Ha llegado el momento de que el Gobierno Nacional comience a respetar la ley y a administrar correctamente los recursos que recauda. Puede tomar como ejemplo de ello la correcta administración fiscal que San Luis ha mantenido a lo largo de los años. Nunca es tarde para imitar lo hecho por las administraciones que han resultado exitosas.