Los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo presentaron en el Congreso nacional y en la Legislatura bonaerense, respectivamente, sendos proyectos de ley que proponen igualar el sueldo de todos los legisladores nacionales y funcionarios políticos con el salario que percibe un docente. La iniciativa recibió el apoyo de centenares de maestras/os de todo el país que lo debatieron previamente en sus organizaciones de base, muchos de los cuales están protagonizando una importantísima huelga en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y otros distritos en rechazo a la miserable y provocativa oferta salarial del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales.

Al respecto, Nicolás del Caño, quien ya había anunciado a principios de febrero que no aceptaría los cincuenta mil pesos de bolsillo que perciben los legisladores nacionales y que cobraría el equivalente al costo de una canasta familiar al mes de diciembre, $ 8.500, puntualizó: “Mientras piden a los docentes que sean ’moderados’ en sus reclamos salariales, la inflación no para, los empresarios la siguen juntando en pala y los funcionarios políticos ganan sueldos que superan varias veces al de cualquier trabajador”. Y agregó: “Nuestro proyecto propone que todos los legisladores y funcionarios políticos ganen lo mismo que un docente con una categoría que le permite percibir 9.300 pesos, y plantea que cualquier actualización en sus haberes y dietas esté atada a la de los trabajadores de la educación”.

Por su parte, el diputado provincial y dirigente nacional del PTS Christian Castillo destacó: “En línea con el Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires Scioli ofrece a los docentes un escandaloso y miserable aumento en cuotas. Con este proyecto estamos cuestionando que mientras pretenden pagar a los maestros menos de $ 5.000, hay un grupo especial de personas que vive como ricos, con ingresos que superan en diez o veinte veces el salario promedio de un trabajador, y que recibe enormes privilegios a cambio de legislar, gestionar y gobernar a favor de los intereses de los grandes capitalistas. Son una suerte de gerentes de los intereses de los patrones y banqueros, y reciben su paga por los servicios prestados para seguir votando leyes contra el pueblo, como la entrega de Chevron, las leyes antiterroristas, las de flexibilización laboral, la de ART o el pago de la deuda externa a los fondos buitres”.

“Por el contrario, nuestras bancas están al servicio de todas las acciones de lucha que emprendan los trabajadores para frenar el cepo salarial del Gobierno, la burocracia sindical y las patronales, como las que hoy llevan adelante miles de docentes de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y otros distritos, que son los que tienen que batallar día a día con la inflación, los bajos salarios, el ajuste, los tarifazos, la precarización laboral y ahora también los despidos y suspensiones”, finalizó Castillo.

Tanto en la banca de Del Caño como en la de Castillo, los fondos sobrantes de sus dietas y de las de sus asesores -que también perciben un salario equivalente al costo de una canasta familiar- se destinan a apoyar distintas causas del pueblo trabajador.