El diputado nacional Manuel Garrido (UCR) realizó dos presentaciones ante distintos organismos, con la finalidad de ampliar la investigación sobre la actuación del juez federal Norberto Oyarbide y la financiera a la que habría beneficiado al suspender un allanamiento por pedido del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi. La primera presentación fue realizada ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes, para pedir el desarchivo de la causa que Oyarbide había tramitado contra Carlos Emilio Liuzzi por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito. Garrido le pidió al Consejo que examine la validez y regularidad del sobreseimiento dictado y del archivo dispuesto en lo referido al imputado Liuzzi. Fundamentó este pedido en que “conforme se desprende de informaciones de dominio público, existiría una relación amistosa entre el juez Norberto Oyarbide, que intervino en la causa Nº 9862/12 – que tramitó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5 a su cargo-, con el imputado Carlos Emilio Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación”. El exfiscal anticorrupción pidió también la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la causa en la que se investiga el presunto lavado de activos por parte de integrantes de la financiera Asociación Mutual Propyme y que se encuentra actualmente radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo de Julián Ercolini. Garrido sostuvo que el allanamiento a la financiera se realizaba como parte de una investigación sobre lavado de dinero. “La circunstancia de que el juez no haya tomado los recaudos necesarios, tales como constituirse personalmente en el lugar o requerir el auxilio de otros colaboradores para que la prueba que estaba buscando no desapareciera y para que no se frustrara un acto propio de la investigación que es claramente irreproducible, justifica por sí sola la intervención de la Procuraduría a su cargo, ante la posibilidad de que se arruine la investigación”, señala Garrido en la presentación.