Mendoza fue pionera en el desarrollo de hidrocarburos; representando los mismos un sector fundamental para la economía provincial. Actualmente, la provincia está atada de pies y manosa partir de la expropiación de YPF.

Es difícil atraer inversiones de cualquier tipo a la Argentina cuando la macro economía, la inestabilidad y la incertidumbre generadas por las decisiones políticas de este Gobierno no ayudan en nada. La volatilidad en el PBI y en el tipo de cambio, la creciente inflación y la falta de predicción en las reglas de juego generaron un combo perfecto, en el cual la demanda de mercado y la rentabilidad de un negocio se tornan imposibles de estimar. En este contexto, aparecen la expropiación y el acuerdo final con Repsol bajo la premisa de lograr recuperar el añorado autoabastecimiento. Tiempo después, YPF nos dice que aumentó su producción; pero nada parece llevarnos a ese entrañable objetivo primordial y por otra parte, estuvo lejos de implementar el plan de inversiones propuesto. La empresa petrolera tuvo enormes limitaciones en la colocación de deuda externa a tasas razonables, por eso se focalizó en el mercado interno; el cuál resulta absolutamente pequeño en relación a las pretensiones iniciales.

Hagamos foco en Mendoza. Mediante la ley 26.741 se estableció que las acciones expropiadas de las empresas YPF SA e YPF GAS S.A., quedarían distribuidas en un 51% para el Estado nacional y el 49% serían distribuidos entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Al día de la fecha, estamos sumando los NO. NO se hizo efectiva la transferencia de las acciones a las Provincias; NO se firmó el acuerdo de sindicación de acciones; NO se cumplió con la reglamentación que establecía que las condiciones de cesión debían hacerse en forma equitativa. Como si esto fuera poco, en el 2012, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto reglamentario 1277/12 que creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. La sola existencia de esta institución viola a las autonomías provinciales, al régimen de dominio originario provincial de los hidrocarburos y a la ley corta. Esto sucede porque se le otorgan facultades de promoción, control y sanción en materia de exploración y explotación de hidrocarburos a la Nación. No conformes con esto, nace el decreto 929/13 del Poder Ejecutivo Nacional que faculta a quienes resulten comprendidos en el Régimen de Promoción de Inversiones a solicitar prórrogas y ampliación de concesiones existentes. Otra franca violación a la propiedad y autonomía que la Carta Magna reconoce a las Provincias en materia de hidrocarburos.

Ahora bien, en caso de instrumentarse la transferencia de las acciones que le corresponden a Mendoza en YPF, y de acuerdo a las declaraciones del Ministro de Economía de la Nación, los mendocinos deberán asumir una deuda -con la Nación- de 504,7 millones de dólares. Lo más grave es que los derechos accionarios que la Provincia adquiera, quedarán limitados por el acuerdo de sindicación de acciones que la ley obliga a suscribir entre Nación y los estados provinciales por un plazo de 50 años y cuyos términos obligarían, casi con seguridad, a votar en forma unificada en las Asambleas de la Sociedad. Es decir, Mendoza pagará por la propiedad de unas acciones que le otorgarán limitados derechos en la toma de decisiones de la compañía, esencialmente porque siempre deberá votar en el mismo sentido que la Nación. Pero además, tiene el agravante de que en el marco actual de necesidad de financiamiento de YPF, casi con seguridad no habrá distribución de dividendos en el corto plazo. Esto dicho implica una grave lesión a los intereses de Mendoza; la cuál compite frente a los demás estados provinciales petroleros por las inversiones que la empresa destina a exploración y explotación de hidrocarburos. Autonomía, bien gracias.

Algunos argumentos sostienen que ser socia de YPF abre una fuerte expectativa respecto al futuro. Las pruebas hasta el momento demuestran todo lo contrario; en estos dos últimos años Mendoza no tuvo ninguna mejora en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. La caída en la extracción de petróleo -impulsada por la propia YPF- se transformó en pérdida para el desarrollo petrolero mendocino. Las jactancias sobre el contìnuo incremento de la producción, desde que YPF volvió al Estado, lastimaron directamente la economía de nuestra provincia. Analicemos desde los números, mientras las demás empresas que extraen petróleo en la provincia (sin YPF) aumentaron la producción en un 3,6% en promedio en el 2013 y un 0,3% interanual en el 2012; YPF contrajo la extracción de petróleo a -7,7% interanual, el conjunto de las demás empresas aumentaron 3,6% y por lo tanto llevó a una caída para el total provincial del 3,7% interanual. Si el comportamiento de YPF hubiera sido similar al observado para el total de las otras empresas del mercado, Mendoza se habría beneficiado por un aumento mayor de actividad económica y un aumento en la recaudación de ingresos brutos y regalías, entre otros beneficios. Más en el resultado final, la menor producción generó un costo de 44 millones de dólares sólo en recursos no percibidos por regalías, desde la expropiación hasta finales del 2013.

A lo dicho cabe agregar que hoy el mendocino paga el combustible más caro que antes de la expropiación. Un dato concreto: precio de gas oil (Godoy Cruz, por ejemplo) pasó de $4,60 (abril de 2012) a $ 9,10 (febrero de 2014); es decir, aumentó un 98% (*). Para tener noción de este aumento, en el mismo período la canasta básica de alimentos, medida en supermercados del Gran Mendoza, aumentó un 65%. Nos preguntamos ¿adónde quedó la estrategia de competitividad de la nueva empresa con mayoría estatal y qué beneficios concretos generó para los mendocinos?

A la hora de establecer una política estratégica con relación a exploración y explotación, las últimas dos gestiones justicialistas tuvieron conductas erráticas y contradictorias. Ejemplo, en abril de 2011, el Gobierno Provincial prorrogó -hasta 2027- 16 de las concesiones que YPF operaba en Mendoza; a cambio de aumentar el porcentaje de pago de regalías y el compromiso de una inversión de 4.100 millones de dólares. Casi un año después, mediante el Decreto provincial 502/12, decidió la caducidad de las concesiones de las áreas Ceferino y Cerro Mollar Norte, por haberse acreditado el incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, inversiones y trabajos. A menos de un año de otorgar la prórroga, el Gobierno revoca la concesión de dos áreas a la empresa a la que un año antes le había otorgado la prórroga. Todo un ejemplo.

Los funcionarios del Gobierno Provincial deberían entender, informarse, preocuparse y ocuparse de este tema medular de la economía provincial. Ellos se justifican en público y hablan de una inversión que beneficia a la provincia. En el fondo, saben que no es así porque la empresa no repartirá dividendos, esto lo dijo el propio Ministro de Economía de la Nación “nos ahorramos 2 mil millones de dividendos no distribuidos” ; ergo, las Provincias no cobraron ni cobrarán utilidades y esta claro que las mismas serán reinvertidas. Entonces, ¿cuál es la gran inversión que pagaremos? Ninguna, seremos parte de una empresa de la cual no recibiremos las utilidades y como dijimos antes, no seremos parte de las decisiones estratégicas.

Como parte de la oposición, aseguro que se propiciaron iniciativas que no fueron escuchadas (**). Y seguiremos proponiendo en el afán de no ser cómplices de la entrega lastimosa y silenciosa de los derechos hidrocarburíferos de nuestra provincia. Es mi deber, como defensora de Mendoza en el Congreso de la Nación, invitar al Gobierno Provincial a no jugar con fuego, asumir el desafío de gobernar en materia de hidrocarburos (nunca es tarde) y que lo haga urgente; esperar puede ser demasiado tarde.

(*) Fuente: Secretaría de Energía, Precios en Boca de Expendio -Res. SE. 1104/2004-).

(**) PROYECTO DEROGACIÓN DECRETO 1277/12

– PROYECTO DEROGACIÓN DECRETO 929/13

– PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS (PRESENTADO CON ESTENSSORO)