El vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, José Cano, consideró que “sería interesante hacer un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre Guillermo Greppi (financista dueño de una cueva) y Carlos Zannini (secretario Legal y Técnico de la Presidencia) porque la información que uno tiene es que Greppi habló con Zannini y que finalmente fue esa comunicación la que trianguló con el juez Norberto Oyarbide para que se deje sin efecto el allanamiento a la firma Propyme”.

En declaraciones a la radio La 2×4/FM 92.7, el legislador recordó que “Oyarbide archivó una causa sobre enriquecimiento ilícito sobre Carlos Liuzzi (segundo de Zannini), quien incrementó 38 veces su patrimonio desde que ingresó en el 2003 en el Gobierno nacional y que acredita propiedades en Puerto Madero y viñedos en Mendoza. Hay un pedido que se reabra la causa y se lo aparte a Oyarbide”.

Cano, junto a sus pares Manuel Garrido y Mario Negri, solicitó hace unos días un pedido de juicio político contra Oyarbide para destituirlo y además promovió una denuncia penal contra el magistrado y contra Liuzzi. En este marco, el diputado tucumano afirmó: “No hay pruebas más contundentes que los hechos que el mismo Oyarbide relató, que sólo es posible cuando se tiene la impunidad. Cuando el kirchnerismo trató las leyes de la denominada democratización de la Justicia, la contracara del discurso oficial son los vínculos que tiene con jueces que garantizan impunidad como Oyarbide. Lo hizo durante el menemismo y lo hace ahora”. Y enseguida enfatizó: “Este gobierno tiene una matriz de corrupción que se sustenta en jueces como Oyarbide y que la contracara es el suspendido fiscal José Campagnoli, que enmarca a quienes investigan y tienen los principios de igualdad ante la ley. Por eso muchos se van. En cambio, los jueces como Oyarbide, que tienen connivencia y amparan la corrupción, son los que se quedan”.

Más adelante, el parlamentario puntualizó: “Uno supone que cuando un juez federal ordena un allanamiento es porque hay todo un proceso de investigación. Pero en este caso quedó en fojas cero. Las dos hipótesis que uno puede plantearse es que existe una asociación ilícita entre Oyarbide y la policía federal que formó parte de ese allanamiento. Y la otra es que esa financiera esté incurriendo en el delito de lavado de dinero. Y ahí habría que preguntarse qué vínculo tiene con el Gobierno nacional para que Liuzzi llame a un juez federal y éste suspenda un procedimiento”.

Finalmente, Cano subrayó: “Esto es de una gravedad institucional inusual y algunos sectores todavía no han tomado la dimensión. De 1998 hasta la fecha, Oyarbide lleva 51 denuncias en su contra y todavía quedan 13. Tiene un triste récord de denuncias que en muchos casos fueron impulsadas por personas con trayectoria en el ámbito de la justicia y de la política. Lo que espera que ante estas pruebas evidentes y contundentes del mal desempeño, el Consejo de la Magistratura, más allá de la mayoría que hoy tiene el oficialismo, actúe en consecuencia. Oyarbide es uno de los jueces que deshonra el Poder Judicial”.