En una declaración conjunta, los diputados nacionales Laura Alonso (Pro), Manuel Garrido (UCR), Adrián Pérez (Frente Renovador) y la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), reforzaron sus críticas al kirchnerismo y denunciaron “la injerencia indebida del Gobierno sobre la Justicia”, que aseguraron “se traduce en la perpetuación de la impunidad, especialmente, de actos de corrupción”.

Frente a ello, los legisladores advirtieron que “la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Poder Ejecutivo forma parte esencial del sistema republicano”.

“Este Gobierno nos demuestra constantemente cuál es su concepción de la división de poderes. Lo hace cuando propone reformas institucionales para politizar el Consejo de la Magistratura, cuando incumple las decisiones que no le son favorables, cuando realiza llamadas telefónicas a jueces para que cambien el destino de una investigación y también cuando utiliza el mecanismo de remoción a modo de presión”, dice el texto.

Según los opositores, hay dos casos ejemplares “de los avances obscenos del Gobierno sobre la Justicia en la actualidad”. Uno, señalaron, es la suspensión de José María Campagnoli, medida adoptada por un tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público luego de que el fiscal investigara al empresario santacruceño Lázaro Báez por lavado de dinero.

“En el caso del fiscal se decidió su suspensión y enjuiciamiento como reacción a la investigación de los negocios de Lázaro Báez, que generó preocupación e irritación en el Gobierno. Sobre este punto queremos reforzar la idea de que los mecanismos de remoción de jueces y fiscales deben responder únicamente a criterios de mala conducta o incompetencia, no pueden ser utilizados como herramientas ejemplificadoras que provoquen la autocensura de otros funcionarios encargados de investigar al poder político”, manifestaron Garrido, Alonso, Pérez y Ocaña.

El otro caso, consideraron los diputados, es la decisión del juez federal Norberto Oyarbide de suspender un allanamiento a una financiera por pedido del subsecretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi.

“El caso de Oyarbide nos muestra la cara de la obediencia incondicional que da lugar a la protección descarada de funcionarios y amigos del poder. A lo largo de su llamativa trayectoria mantuvo como una constante su parcialidad y recientemente naturalizó este vínculo servil, reconociendo que suspendió un allanamiento por el llamado del subsecretario legal y técnico, a quien anteriormente le había archivado una causa por enriquecimiento ilícito”, acotaron.

En este marco, los legisladores nacionales sostuvieron que “la independencia de los jueces es tanto una garantía de los ciudadanos sometidos a los tribunales, así como de los jueces en el ejercicio de sus funciones, e implica que estos no vean influidas sus decisiones por presiones externas”.

Y añadieron: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Venezuela sostuvo que a diferencia del resto de los funcionarios públicos, los jueces ‘cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial’ y agregó que ‘uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces’. Parece que muchos funcionarios del Poder Ejecutivo están dispuestos a arrasar con estos principios y garantías, para asegurarse no ser perseguidos judicialmente por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Garrido, Alonso, Pérez y Ocaña no dudaron en afirmar que “estos dos extremos forman parte de una realidad preocupante que tenemos el deber de denunciar. Es indispensable que el poder político se mantenga al margen de los procesos judiciales. Sin jueces y fiscales exentos de las presiones del poder político, no tendremos justicia independiente”.

Por estos motivos, los diputados instaron al Poder Judicial “a que se pronuncie con celeridad sobre la suspensión del fiscal Campagnoli” y solicitaron que se constituya un tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público “que cumpla con los requisitos de independencia e imparcialidad que aseguren un debido proceso, en tanto al momento de decidir sobre su suspensión se encontraba integrado con un claro sesgo oficialista”.

“Por último, creemos que el Consejo de la Magistratura debe cumplir responsablemente con sus funciones y dar trámite a los múltiples pedidos de jury presentados en contra del juez Oyarbide para tomar una decisión sobre su continuidad”, finalizaron.