El diputado nacional Julio Martínez presentó un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo Nacional explique “los motivos por los cuáles no se aplica la Ley 26.913 ‘Ricardo Scalet’, por qué no ha reglamentado dicha ley y la flagrante discriminación que dicha falta de aplicación genera en los potenciales beneficiarios de la misma con relación a los de las demás leyes reparatorias”.

“Dicha norma estableció como órgano de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual se nos informó que dicha norma no se está aplicando porque ‘no está reglamentada’, y que ello obedece a ‘la decisión de la Presidenta de la Nación de no aplicarla por problemas presupuestarios’”, informó Martínez.

Destacó que “esta decisión política de desobedecer una norma sancionada por este Congreso no es nueva en el kirchnerismo, que en este caso particular se enfrenta a un caso que contradice abierta y flagrantemente su “relato” sobre su política de derechos humanos”.

Para Martínez, “queda absolutamente claro que la política reparatoria del kirchnerismo en materia de derechos humanos no resulta una política de estado independiente de las necesidades electorales o las estrecheces presupuestarias coyunturales, sino una manipulación más de legítimos derechos en función de necesidades políticas”.

“La cerrada negativa del bloque del Frente para la Victoria de tratar los proyectos de resarcimiento económico a los cesanteados durante la dictadura militar, es coherente con esta decisión de no conceder el beneficio a los ex presos políticos amparados por la Ley 26.913 y una política en la cual los derechos, están sujetos a las disponibilidades de caja”, concluyó Martínez.