A tono con la propuesta de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Darío Giustozzi, presentará un proyecto de ley para regular las protestas sociales y los piquetes.

La iniciativa será presentada luego de que la presidenta pidiera en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo regular el derecho a protestar: “Vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada”, había dicho Cristina.

Según indicó La Nación, el proyecto del massismo, si bien consagra el “derecho a la petición social”, deja en claro que las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día.

Por el contrario, Giustozzi propone instrumentar espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal, dotados de los recursos tecnológicos necesarios para que la manifestación popular sea visible y debidamente difundida a la opinión pública.

En caso de que una protesta social no se adecue a estos parámetros, el proyecto massista dispone distintos tipos de sanciones, traducidas en multas y trabajos comunitarios para quienes violen la ley.

“Donde hay confrontación de derechos hay un germen de violencia -explicó Giustozzi a La Nación-. Tenemos que lograr que el derecho a peticionar se ejerza en plenitud, pero sin impedir el ejercicio del derecho a transitar. Así como un vehículo no puede transitar sobre las plazas y veredas porque para ello hay calles, avenidas y rutas, quienes deseen peticionar deben tener el mismo derecho de contar con un lugar acorde para expresarse.”

En la misma línea, Cristina Kirchner había declarado: “Creo que todo el mundo tiene el derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana. Por eso, organicémonos como sociedad. Permitámonos protestar; hay derecho a la protesta. Pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas políticas”.

A diferencia de otros opositores, Giustozzi se mostró a favor de regular la protesta social. “Varios piquetes han provocado hechos desgraciados, como ambulancias que no pudieron llegar a destino y pacientes que se han muerto… Además, cada piquete genera costos monetarios, sin contar la violencia que engendra. Y eso es lo que debemos solucionar”, enfatizó.

La iniciativa reconoce expresamente el derecho a la petición social, definido como ejercicio colectivo de la libertad de expresión. Da al Poder Ejecutivo 120 días para determinar los espacios públicos donde ejercer el derecho a la petición social. Serán cuatro para la jurisdicción federal, cuatro para cada provincia y la Ciudad, y 3 para cada municipio.

Además, estipula que todas las protestas deben realizarse en esos predios; de lo contrario, habrá sanciones que consisten en trabajos comunitarios y/o multas equivalentes a entre uno y tres salarios mínimos en caso de tratarse de calles y entre tres y cinco en caso de avenidas y autopistas.