A través de una iniciativa, la senadora rionegrina García Larraburu sugiere incorporar el test de ADN fetal al PMO.
La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para incorporar la cobertura del test de ADN fetal al Programa Médico Obligatorio (PMO), con la finalidad de detectar sin riesgos los casos en los que el bebé presente síndrome de Down.
Entre sus objetivos, este proyecto busca asegurar el acceso al mencionado test, que llegó a la Argentina para detectar en la décima semana de gestación, y con un 99 por ciento de precisión, si el bebé presenta la enfermedad de Síndrome de Down.
El estudio tiene un costo significativo, lo cual limita el acceso a un gran porcentaje de la sociedad, razón por la cual la senadora presentó la iniciativa. “Considero que sería sumamente importante, igualitario e inclusivo eliminar las barreras de acceso, cubriendo la totalidad de su costo por las obras sociales y prepagas”, destacó.
Resulta importante mencionar que las principales beneficiarias del test serán mujeres embarazadas mayores de 35 años, teniendo en cuenta que la probabilidad de padecer esta afección a los 30 años es de uno en mil, y de uno en 400 a los 35. El test propuesto tiene una sensibilidad próxima al 100% para la detección del síndrome.
En este sentido, profesionales de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Italiano de Buenos Aires reconocieron que en los países donde ya se aplica masivamente, disminuyeron radicalmente las punciones y, con ello, el riesgo de pérdida o interrupción del embarazo.
Al respecto, García Larraburu resaltó que es muy importante incorporar este nuevo estudio, ya que permite contar con un diagnóstico precoz del Síndrome de Down, sin riesgos para la madre o para el bebé, de modo tal que padres y médicos estén mejor preparados para afrontar las dificultades que pudieran surgir al momento del nacimiento.
La senadora señaló que “resulta evidente que la ampliación del acceso al nuevo estudio, mediante su incorporación en el Programa Médico Obligatorio, redundaría en una importante disminución del riesgo de interrupción de embarazos. Garantizando estas herramientas es como aseguramos el acceso a ellas, para lograr constituirlas en políticas de Estado”.
