La directora General de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucía, en medio del conflicto docente, anunció la posibilidad de declarar la Emergencia Educativa y en la Legislatura los dichos quedaron en el aire. Rápidamente apareció un proyecto en ese sentido, sorpresivamente de un legislador opositor.
En el momento más álgido de las negociaciones entre la provincia y los gremios docentes, la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucía, deslizó la posibilidad de promover una ley de Emergencia Educativa para destrabar el conflicto.
A la propuesta de la funcionaria se sumó a la iniciativa del vicegobernador Gabriel Mariotto para declarar a la educación como “servicio esencial”, tal como lo es la salud y la seguridad. Sin embargo, y pese a que otras provincias como Misiones y Chubut también avanzan en este sentido, es incierto aún si la iniciativa del vicegobernador podría prosperar, ya que algunos especialistas afirman que sólo un servicio puede ser considerado esencial cuando está en riesgo la vida.
Aquí la controversia parecería girar en torno a la definición de qué es un servicio esencial, para no cercenar así el legítimo derecho a huelga. Quienes rechazan la propuesta de Mariotto se basan en la primera definición restringida de servicio esencial que dio la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que concierne exclusivamente a aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas, en todo o en parte de la población.
Así, ante la incertidumbre de la viabilidad del mencionado proyecto, el Ejecutivo propone “una ley de emergencia para cubrir el servicio y asegurar el inicio de las clases”, según expresó la propia De Lucía, quien agregó que se haría con “docentes de institutos superiores”.
Más allá del anuncio de la funcionaria sciolista, lo cierto es que ya hay presentado en la Legislatura provincial un proyecto para “declarar la emergencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires con el objeto de garantizar el derecho constitucional a la educación de todos los niños y jóvenes bonaerenses”.
La iniciativa insta a la Dirección General de Cultura y Educación a poner en marcha los mecanismos tendientes a alcanzar un mínimo de 5 horas diarias en el nivel primario y asegurar el efectivo cumplimiento del calendario escolar fijado para el ciclo lectivo 2014, “garantizando la apertura de todos los establecimientos educativos bonaerenses durante un mínimo de 190 días de clase efectivos”, en cumplimiento de la ley 25.864.
El texto, que podría ser la llave para destrabar futuros conflictos docentes, fue presentado por un diputado opositor, lo que generó el descontento de sus pares no oficialistas por, en cierta forma, respaldar al gobernador Daniel Scioli en lo que consideran una posición poco flexible ante el actual conflicto con el sector. De hecho, la iniciativa entró a Diputados en plena discusión de la provincia con el Frente Gremial, por lo que el enojo se trasladó también a los gremialistas.
“El proyecto le hace el juego al Ejecutivo”, afirmó un diputado opositor quien al igual que la mayoría de los compañeros de bloque del autor del proyecto, Alfredo Lazzeretti, lo rechazó. De hecho, la iniciativa sólo contó con el acompañamiento de Ricardo Vago y Marcelo Díaz, presidente del bloque FAP, pero otros integrantes de esa misma bancada se negaron a firmar la iniciativa del marplatense, al igual que el resto de los opositores de otras bancadas.
