La norma aprobada el año pasado por el Congreso sigue vigente, aunque sus resultados han sido exiguos, tal cual se reconoce oficialmente.
Por medio de un proyecto de resolución, el secretario general del bloque de diputados nacionales de la UCR, Miguel Giubergia, solicitó al Poder Ejecutivo, a través del Banco Central, la AFIP y el Ministerio de Economía, informe sobre los resultados del blanqueo de capitales.
“A casi un año de la aprobación de la ley sobre Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, se emitieron nuevas resoluciones y decretos complementarios para ampliar y adecuar la normativa que evidentemente estaba destinada al fracaso”, sostuvo el diputado radical al explicar su pedido de informes.
Giubergia enfatizó que “se pretendía alcanzar un piso de 4 millones de dólares en el circuito financiero y nunca se logró”, y sostuvo que “la doble intención de la ley que convivía en el Ejecutivo puso en jaque el resultado del blanqueo desde el principio, porque los dólares que se ingresarían no podían tener dos funciones: una cosa era usarlo para reactivar la economía y la producción, y otra muy distinta era usarlo para crear un mercado cambiario paralelo”.
“La idas y vueltas, las internas y las marchas y contra marchas de los intereses encontrados al interior del gobierno terminaron haciendo fracasar la norma de blanqueo, que a pesar de condonar impuestos y fomentar la evasión, frustró las intenciones de los empresarios amigos del poder aguando la fiesta especulativa”, denunció el legislador jujeño.
El diputado jujeño concluyó advirtiendo que “las prórrogas constantes de la normativa no hacen más que mantener vigente en la opinión pública que se premia la lógica de la evasión y el reconocimiento del fracaso del modelo económico y la incapacidad para generar una política de financiamiento energético viable”.
El proyecto requiere, entre otras cosas, el detalle la cantidad de certificados CEDIN que se han impreso para proveer al sistema financiero y el costo generado por los mismos; criterio de distribución por entidad financiera; especificación de los controles que llevaran a cabo para que las financieras no traspasen los costos de la implementación de la ley a los clientes del sistema; y enumeren los controles implementados sobre el circuito financiero secundario en cuanto a la validez de los certificados CEDIN y el control de agentes financieros.
En este sentido también se solicitó que se informe cómo se ha instrumentado con las entidades financieras, la transferencia inmediata de fondos al BCRA contra los controles requeridos para descartar operaciones de origen de lavado de dinero y/o de operaciones ilícitas.
