Por Rodolfo Terragno. El autor expone claroscuros que se manifiestan en el seno de un Gobierno que se muestra como paradigma en materia de derechos humanos.
Hay, en el actual gobierno, funcionarios y legisladores que arriesgaron sus vidas en la lucha contra la dictadura. Cabe condenar el cruento método que utilizaron muchos de ellos, pero no se puede desconocer que lucharon. Como no se puede ignorar la memorable ofensiva de Madres y Abuelas de desaparecidos, hoy aliadas gobierno.
Sin embargo, hay altos funcionarios que en su momento apoyaron al gobierno militar, luego aplaudieron (o hicieron silencio) cuando Carlos Menem liberó a los dictadores presos, y recién en 2003 descubrieron que había existido, entre 1976 y 1983, una feroz dictadura.
No hay pruebas de que la Presidenta y su extinto esposo dieran -como algunos afirman- su aval a aquél régimen; pero tampoco hay pruebas de que lo hayan combatido.
La actual ministra de Desarrollo Social fue directora de Asuntos Comunitarios en el gobierno militar de Santa Cruz.
El canciller -que tras el secuestro de su padre, en 1977, realizó una meritoria campaña internacional, revelando lo que pasaba en la Argentina-había dirigido, hasta agosto de 1976 un diario que sirvió a la dictadura.
En la Corte Suprema hay dos jueces, nombrados a instancias del oficialismo, que en 1976 juraron lealtad al Estatuto por el cual los dictadores pisotearon la Constitución, echaron a los miembros de la Corte y disolvieron el Congreso.
Uno de esos jueces escribió en aquellos años, a pedido de las Fuerzas Armadas, un libro de “derecho penal militar”, en el cual sostuvo que había, en determinadas circunstancias, una “necesidad terribilísima” de “dar muerte” a quien se levantara en armas.
El hecho más sorprendente es la designación del General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani como jefe del Ejército. La oposición puede exagerar al calificarlo directamente de “genocida”, pero hay elementos que lo muestran como partícipe de la represión ilegal.
Milani integró, durante el Proceso, un batallón dedicado al funesto secuestro de subversivos. Según se ha denunciado, trasladaba detenidos a centros de tortura y fraguó un acta para hacer pasar por “deserción” la desaparición forzada de un soldado. Los defensores del militar alegan que nada de eso está probado, pero hay alarmantes indicios, y esto hace difícil comprender que se lo convierta nada menos que en jefe del Ejército.
Semejantes contradicciones deben doler a más de un oficialista, y nos indigna a quienes -desde distintas posiciones políticas y en ámbitos diversos- cuestionamos a los dictadores en la cara.
No se trata de abrir ahora una absurda competencia para ver quién fue más opositor o más arriesgado. En mi caso, si bien debí exiliarme, siempre reconocí que los verdaderos mártires de la dictadura no fuimos los desterrados sino aquellos que no llegaron a exiliarse, los que sufrieron cárcel, los torturados y, sobre todo, los desaparecidos.
Y creo que hay que honrar a los periodistas que permanecieron en el país hasta que les fue posible, denunciando actos de terrorismo de estado y sufrieron persecuciones. En particular, a quienes me acompañaron durante los primeros meses de la dictadura en la revista Cuestionario, que impugnó a los dictadores en su cara.
Fue una de las pocas publicaciones que lo hicieron. Buenos Aires Herald, dirigido con valentía por Robert Cox, no dejó de informar sobre secuestros y cadáveres. El diario La Prensa resistió la censura y llegó a publicar listas de desaparecidos.
En todos los medios hubo periodistas que soportaron las presiones, y muchos que pagaron caro su osadía.
Las hemerotecas prueban la falsedad de quienes alegan que por mucho tiempo se ignoró la sistemática violación de los derechos humanos.
La siguiente enumeración es apenas una muestra de lo que dio a conocer Cuestionario a partir del 24 de marzo de 1976.
1º de abril: Desafiando la prohibición de publicarlo, reproduce un perentorio comunicado dirigido a los directores de medios periodísticos, que implica la instalación de la censura: “Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva”. La dirección de la revista se niega a someter sus artículos al “servicio de lectura previa”, que funciona en la Casa Rosada y verifica el cumplimiento de aquellos “principios”. El capitán de navío Carlos Corti, jefe de ese servicio, me dará un inequívoco “consejo”: “Sométase a la lectura previa si no quiere sufrir las consecuencias de la “lectura posterior”.
6 de junio: Cuestionario inicia la publicación de “Cronología”, sección donde registrará lo sucedido cada mes, día por día, incluyendo información sobre muertos y desaparecidos.
Algunos ejemplos:
– “Aparecen otros cinco cadáveres acribillados a en Capital y el Gran Buenos Aires” (7 de abril).
– “Se estima que las personas “detenidas” son “unas 3.000” (11).
– “Un grupo de desconocidos secuestró el miércoles al sociólogo Emilio F. Ipola” (13).
– “Aparece un cadáver acribillado en una calle de Barracas” (20).
– “Aparecen tres cadáveres en el arroyo Santo Domingo, Provincia de Buenos Aires” (21).
– “Grupos de desconocidos secuestraron a cuatro personas en San Francisco, Córdoba” (13 de mayo).
– “Fueron hallados los cadáveres de cuatro uruguayos. Dos de ellos eran los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes estaban asilados en nuestro país” (22).
3 de junio: Cuestionario da cuenta de la desaparición del escritor Haroldo Conti. En un editorial, titulado “Del bien común y los derechos humanos”, glosa una reciente pastoral del Episcopado, donde se alerta sobre “las detenciones indiscriminadas,” y la “ignorancia sobre el destino” de detenidos.
Esa fue la última edición de la revista. Sobrevino la prohibición y el exilio.
Todo esto ocurría cuando falsos héroes de hoy en día se dedicaban en silencio a los negocios, eran funcionarios de la dictadura, la defendían desde el medios oficialistas o eran parte del aparato represivo.
