“Es necesario que el Estado actúe de manera urgente en revertir la situación del deterioro constante que sufren los usuarios en el uso de la prestación de telefonía móvil. Debe controlar, verificar y fiscalizar los servicios de telefonía en todo el país y claramente impulsar el desarrollo de infraestructura necesaria para mejor la calidad del servicio”, sostuvo la diputada de la Nación Alicia Comelli al presentar un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo su intervención inmediata debido a los recurrentes problemas que padecen los usuarios del sistema. Además insistió en la necesidad de declararlo “servicio público”, para “darle la jerarquía que le corresponde y las herramientas al Estado y a los usuarios para actuar frente a los abusos que cometen las empresas”, tal como propuso en una de sus iniciativas.

Específicamente, la diputada solicitó al Ejecutivo que informe en qué estado se encuentran las inversiones que deben llevar a cabo las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil y que verifique el cumplimiento de la resolución 26/2013 que exige a la empresas que las llamadas sean facturas por segundos una vez establecida la comunicación. Además solicitó que de cuenta del avance en la adjudicación de nuevos planes técnicos de inversión que permitan ampliar el espectro radioeléctrico en el territorio Nacional, vital para la reconversión tecnológica en telefonía móvil, y en qué situación se encuentra la empresa estatal Libre.ar, creada para obtener bajo su órbita el 25% de la frecuencia 3G y para ampliar la competencia a otras pequeñas y medianas empresas de telefonía móvil.

Comelli explicó que una vez más “nos encontramos ante la abusiva situación de no poder utilizar de manera satisfactoria el servicio de telefonía móvil a pesar que debido a la masividad de su uso y a la importancia que adquirió para la cotidianidad en la nueva era digital hace indispensable que los ciudadanos visualicen el accionar del Estado en pos de revertir esta situación”. Señaló además que “no es menor el alto costo que debemos abonar para contar con el servicio, máxime ahora que lo quieren aumentar”.

En ese sentido, recordó que en diciembre del año pasado la Secretaría de Comunicaciones de la Nación firmó la resolución 26/2013, obligando a las prestatarias a cobrar la llamadas realizas por segundo y no por minuto como se venía haciendo de forma excesiva hasta ese momento. Por ello, destacó que “es importante contar con la información correspondiente sobre las verificaciones y auditorías realizadas para saber si efectivamente se está cumpliendo con esta medida”.

La diputada reconoció como positiva la última medida tomada para que se terminen las cláusulas de permanencia que dejan cautivos a los usuarios que adquieren un nuevo equipo. Pero criticó duramente el criterio de las prestatarias de aumentar ahora para realizar inversiones después al decir que “primero deben brindar lo que ofrecen adecuadamente y hacer las inversiones para ello y luego, si se quiere, incrementar las tarifas; al revés es un disparate”.

Por otra parte, dijo que en relación a las normativas vigentes el decreto 764 del 2000 estableció de qué manera se llevaría a cabo la asignación competitiva del espectro radioeléctrico, expresando que “en materia de gestión del espectro radioeléctrico, bien considerado como patrimonio común de la humanidad, el Estado Nacional debe administrarlo dinámicamente, de la manera más eficaz, eficiente y racional posible, a fin de que su atribución y uso por parte de los usuarios permitan el mejor aprovechamiento posible en beneficio de los ciudadanos, adaptándose a las diferentes etapas de la evolución tecnológica”.