El kirchnerismo presentará el lunes un proyecto para identificar a los actores que contribuyeron o se beneficiaron de la política económica del gobierno de facto. Expondrán Horacio Verbitsky y Alejandro Vanoli.
Mientras avanza la causa que investiga al dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, por delitos de lesa humanidad, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados presentará en conferencia de prensa un proyecto para crear una “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura” que promete traer mucha polémica con sectores empresariales.
Con el objetivo de asegurar la “búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”, la comisión impulsada por el oficialismo deberá elaborar un informe sobre las “consecuencias” de la política económica de del gobierno de facto entre 1976 y 1983 e “identificar” a los actores civiles que “contribuyeron o se beneficiaron” de la dictadura.
La iniciativa será presentada formalmente el lunes que viene a las 17 en la sala de conferencias del Anexo C de la Cámara de Diputados, con exposiciones del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde; el jefe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; y del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
La propuesta lleva las firmas de Recalde y de importantes figuras del bloque kirchnerista: Juliana Di Tullio (presidenta) María Teresa García (secretaria parlamentaria), Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos de La Cámpora), Adela Segarra (referente del Movimiento Evita), Pablo Kosiner (vicepresidente), Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié (dirigentes de La Cámpora), Carlos Gdansky, Edgardo Depetri (sindicalistas de la CGT y CTA), Carlos Kunkel, Verónica Magario (referentes del PJ bonaerense), y el fueguino y dirigente de la UOM Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular).
De acuerdo al proyecto, “la comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia.
En tal sentido, la comisión deberá “instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder”.
Y en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, la comisión deberá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Por otro lado, el proyecto establece la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el ámbito del Congreso, que tendrá por finalidad la puesta a disposición gratuita del público en general de los documentos relacionados con los objetivos perseguidos por la última dictadura y sus complicidades económicas.
