El ministro de Economía, el secretario legal y técnico de Presidencia, y el CEO de YPF concurrirán el martes a la Cámara de Diputados para defender el proyecto de compensación a la petrolera española por la expropiación de YPF.
Las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados fueron convocadas formalmente para el martes que viene con el propósito de iniciar el tratamiento del acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, luego de que el Senado y la Junta de Accionistas de la petrolera española ratificaran la iniciativa.
El plenario está programado para las 11 en la Sala de Reuniones del segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.
Al igual que sucedió en el Senado, concurrirán a defender el proyecto el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario legal y técnico de Presidencia, Carlos Zanini, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
El objetivo del Frente para la Victoria es firmar el dictamen favorable esa semana sin modificaciones. De esta manera, el bloque que conduce Juliana Di Tullio buscará sancionar la ley el miércoles 23 de abril, en la que sería la única sesión deliberativa del mes.
El acuerdo es rechazado por la UCR y el FAP, que objetan el precio que el Tribunal de Tasación fijó para la indemnización, así como la exclusión de los pasivos ambientales del texto del acuerdo. La propuesta también recibió cuestionamientos por parte del peronismo disidente y Unión Pro, que en el Senado decidieron abstenerse.
Tal como sucedió en la Cámara alta, se espera que el oficialismo cuente con el apoyo de la facción opositora del Movimiento Popular Neuquino y de sus aliados tradicionales.
El proyecto
En el acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
