El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña avale el convenio firmado entre el Gobierno de la Capital Federal y el Nacional y, de esa manera, este último pueda ejercer la administración y el control de todos los ex centros de tortura que estuvieron funcionando durante el último gobierno militar.

Por el mes de febrero, se conoció que el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, y la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, firmaron un convenio por el cual la administración macrista le cede a la kirchnerista el manejo de todos los centros de detención clandestina que funcionaron durante la dictadura militar y que ahora fueron convertidos en espacios para la memoria.

En este esquema se encuentra los predios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Virrey Cevallos, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti. Todos estos pasarán a depender de la administración nacional al igual que todo el personal que en ellos realice actividades laborales.

Junto al convenio, se presentó una iniciativa para disolver el ente autárquico Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que es el que administra los espacios antes nombrados.

Pero, si bien se pide la derogación de la ley que lo creó y la disolución del organismo, se afirmó que se garantizará la continuidad laboral de todo el personal que allí trabaja actualmente.

Entonces, el Gobierno de la Ciudad le otorga al Gobierno de la Nación la administración de los ex centros de detención por 30 años y le pasa la responsabilidad del mantenimiento de los edificios, como también las contrataciones de obras y servicios, entre otras tareas que serán ejercidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional de aquí en adelante.

Cuando se tomó conocimiento de que estaba discutiéndose esto entre los dos gobiernos, un grupo de legisladores porteños y algunos referentes de Derechos Humanos repudiaron y cuestionaron la decisión del oficialismo capitalino.

“Lamentamos que la existencia del Instituto Espacio para la Memoria se vea amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y que quienes son responsables de estos manejos demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política”, criticó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Por su parte, la legisladora de SUMA + María Inés Gorbea pidió que se hagan informes en pos de investigar una “posible disolución” del IEM, algo que efectivamente se cumplió en este mes de abril.