“Durante el debate quedó claro la falta de sustento de la tasación al no contar en muchos rubros con memorias de cálculo y valores de referencia que justifiquen la determinación del precio, razón por la cual, más que una tasación en los términos exigidos por la ley de expropiación, se trata de un informe a medida realizado para convalidar los términos de la negociación cerrada por los funcionarios del Gobierno Nacional con la empresa Repsol”, expresó el diputado del GEN/FAP Omar Duclós, luego de participar de la reunión del plenario de las comisiones de Energía y Combustible y Presupuesto.

Al manifestar las inconsistencias del Acuerdo de Avenimiento y solución amigable celebrado con la empresa Repsol por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, Duclós dijo que “hay más dudas que certezas y está hecho a las apuradas por quienes son los responsables de la severa crisis energética”.

“Más grave aún resulta la cláusula de indemnidad que libera de responsabilidad a Repsol, por las cuales YPF deberá hacerse cargo de las obligaciones futuras que deriven de múltiples juicios actuales y futuros que enfrente la empresa, entre los que se destacan los vinculados a los daños ambientales -tanto en el país como en el extranjero- en todo aquello que supere las previsiones incorporadas en el balance de la empresa, tornando incierto el valor definitivo que el Estado Nacional deberá afrontar por la expropiación”, detalló Duclós.

El legislador dijo que “el pecado original en la determinación del alcance de la expropiación estuvo dado por la falta de auditorías oportunas sobre el cumplimiento de los contratos de concesión de áreas con reservas, muchas de las cuales, debieron revertirse por incumplimientos y, por lo tanto, el valor de la empresa hoy sería mucho menor, ya que la cuantificación de las reservas significan un componente sustancial del patrimonio de la misma”.

Duclós señaló que “estamos ante un nuevo eslabón de la cadena de desatinos que el oficialismo protagonizó desde la década del 90 a la fecha, provocando una severa crisis energética. Los mismos que alentaron y aplaudieron la privatización de la empresa en el año 92 son los que convalidaron la transferencia de acciones al grupo Petersen Energía SA autorizando la transferencia de dividendos en exceso a Repsol sin exigir las inversiones necesarias con la aprobación del representante del gobierno en el directorio de YPF. Son los mismos corresponsables que luego se sorprendieron y denunciaron el vaciamiento de la empresa, y son los mismos que ahora forzados por la urgencia de normalizar las relaciones con los organismos de créditos internacionales, promueven a las apuradas este acuerdo que deja muchas más dudas que certezas respecto a su resultado final”.