El Decreto 220 promulgado por el gobernador Daniel Scioli, a través del cual se declara la Emergencia en Seguridad Pública, tuvo su impacto en la opinión pública pero luego siguió su camino subrepticio hacia la dirigencia y, en particular, hizo un alto en los bloques massistas de la Legislatura bonaerense.
“Aflojen un poco que se nos parte el bloque”, se escuchó decir a un diputado del heterogéneo colectivo del Frente Renovador que debe conducir el platense Jorge Sarghini -un reconocido economista, exministro de Economía bonaerense de Carlos Ruckauf, que ahora debe encontrar los necesarios equilibrios políticos-, en vísperas de la última sesión.
La provincia de Buenos Aires tiene experiencia en “emergencias” de las características propuestas por el titular del Ejecutivo por estos días. Es la primera en su forma, pero mantiene todas “las sustancias” de aquellas que inician el camino para dar respuesta a una, a esta altura, antigua demanda social.
La primera “emergencia” de “las policías”, que en ocasiones incluía al Poder Judicial y al Servicio Penitenciario Bonaerense, data del siglo pasado, en tiempos del gobernador Eduardo Duhalde. Así, en 1996, pasó por la Legislatura y aún hoy se recuerda la polémica, con denuncia de falsificación de copia taquigráfica del Senado y todo. Algunos integrantes del flamante Frente Renovador pueden recordar el hecho desde adentro, porque ya eran legisladores por aquellos años.
Hoy como ayer, el debate en definitiva se instala en torno de los “recursos materiales”, tal como se consignaban en las viejas leyes de emergencia. La flexibilización en la disponibilidad de recursos materiales ante la Emergencia es en el Decreto de Scioli, la punta de lanza de las especulaciones políticas que se disparan dentro del propio FR.
Las distintas posiciones ya están a la vista en el Senado: la bancada tiene dos proyectos, no uno, sobre qué debe comprender la emergencia; lo extraño es que un proyecto se presentó antes del decreto del gobernador y otro ahora, que es un hecho a punto de consumarse.
Este cambio de paso está cargado de significancia para diputados y senadores seguidores de Sergio Massa, y están incluso aquellos que especulan con “un acuerdo táctico” en este punto entre el propio gobernador Daniel Scioli, y concluyen que “es para el mal de todos”.
Argumentos no les faltan; se podría decir que toda la “década ganada”, en rigor desde el 2004 a 2010, las policías y el Servicio Penitenciario estuvieron en “emergencia”. Los resultados están a la vista…
La ratificación del decreto por ley, o la aprobación de una ley que contenga los objetivos que persigue el Decreto de Scioli, sin el planteo de un programa preventivo integral de mediano o largo plazo y una “comisión especial” que efectivamente controle la delegación de poderes, sólo se reduce a flexibilizar los controles administrativos para la utilización de recursos materiales, esto para muchos es más de lo mismo con otros “beneficiarios”, entre los que no están los por ahora detractores silenciosos que integran el FR, aunque están aquellos que revisten en el FpV-PJ, pero esa es otra historia.
