El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aitres, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña avale el convenio firmado con el Gobierno Nacional, para que la administración central pueda ejercer el control de todos los excentros de tortura que estuvieron funcionando durante la última dictadura militar.

Por el mes de febrero, el jefe de Gabinete de la Nación Jorge Milton Ca pitanich y la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, firmaron un convenio por el cual la administración macrista le cede a la kirchnerista el manejo de todos los centros de detención clandestina que funcionaron durante la dictadura militar y que ahora fueron convertidos en espacios para la memoria.

En este esquema se encuentra los predios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Virrey Cevallos, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti. Todos estos pasarán a depender de la administración nacional, al igual que todo el personal que en ellos realizan actividades laborales.

Junto al convenio, se presentó una iniciativa para disolver el ente autárquico Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que es el que administra los espacios antes nombrados.

Pero, si bien se pide la derogación de la ley que lo creó y la disolución del organismo, se afirmó que se garantizará la continuidad laboral de todo el personal que allí trabaja actualmente.

Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad le otorga al Gobierno de la Nación la administración de los excentros de detención por 30 años y le cede la responsabilidad del mantenimiento de los edificios, como también las contrataciones de obras y servicios, entre otras tareas que serán ejercidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional de aquí en adelante.

En concreto, el acuerdo implica el pase del ex Edificio de Casino de Oficiales, el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería de la ex Escuela de Mecánica de la Armada ( exESMA), todos situados en Avenida del Libertador 8151 al 8461. A su vez, se trasladará a la Nación el centro Automotores Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519/21, y El Olimpo, sito en Ramón Falcón 4250 (ambos en el barrio de Floresta); el Club Atlético, de Paseo Colón 1200 (San Telmo-Puerto Madero) y Virrey Cevallos, de la calle homónima con el número 628/630 (Montserrat).

Cuando se tomó conocimiento que se estaba discutiendo entre los dos gobiernos, un grupo de legisladores porteños y algunos referentes de Derechos Humanos repudiaron y cuestionaron la decisión del oficialismo capitalino.

“Lamentamos que la existencia del Instituto Espacio para la Memoria se vea amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y que quienes son responsables de estos manejos demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política”, criticó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Por su parte, la legisladora de SUMA + María Inés Gorbea pidió que se hagan informes en pos de investigar una “posible disolución” del IEM, algo que efectivamente se cumplió en este mes de abril. Pero la iniciativa aún no pudo llegar al recinto.

“Hay cuestiones estructurales que tiene el Estado porteño de las que no puede prescindir. Algo que fue una conquista del Estado cuando se logró crear el IEM en el marco de la Ciudad termina siendo un fracasó”, confesó Gorbea a Parlamentario.

A su vez, indicó que este panorama se venía avizorando porque “nos fueron llegando denuncias de que el Gobierno de la Ciudad lo estaba vaciando de contenido y de presupuesto”.

En el oficialismo porteño defienden la iniciativa argumentando que existía un “conflicto de jurisdicción” en lo concerniente a los excentros clandestinos distribuidos a lo largo de la Ciudad y que el Gobierno porteño no dejará de lado su política a favor de la lucha y preservación de los Derechos Humanos.

“La unificación en una sola jurisdicción de los excentros clandestinos nos parecía una propuesta interesante teniendo en cuenta que desde la Nación ya se administraba uno”, explicó el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Daniel Lipovetzky.

Un sector de la oposición acusó al Pro de buscar disminuir un porcentaje del Gasto Público porteño, pero el legislador macrista descree de esa idea y aseguró que “el gasto que implica el mantenimiento de los excentros es mínimo” e insistió con que “la decisión pasa únicamente por una intención de que el manejo de los espacios de la memoria queden bajo una sola jurisdicción y esté unificados, pero esto no quiere decir que la Ciudad deja de lado los Derechos Humanos”.

Como prueba de esto, Lipovetzky aclara que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “seguirá manteniendo el Parque de la Memoria en la Costanera Norte en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado”, agregó.

“Esto se da en el marco de las acciones de buenos oficios que se está dando entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad en algunos cuestiones como el monumento a Colón o la extensión de la Autopista Illia”, opinó el legislador de la Coalición Cívica y vicepresidente tercero del Cuerpo, Maximiliano Ferraro.

Para Ferraro, la eventual puesta en vigencia del convenio sería “preocupante porque la Ciudad dejaría de tener una política de memoria y construcción de la memoria colectiva totalmente autónoma y autárquica como estaba establecido en la ley”.

Desde el Pro, aseguran que los votos los tienen. En principio, porque es una iniciativa que parte de un acuerdo entre los dos oficialismos y eso asegura un caudal de votos importante si suma el total de legisladores del Pro (28) y del Frente Para la Victoria (10).

Desde el kirchnerismo, celebran esta posibilidad de quedar como el Gobierno que mejor lleva adelante la bandera de la lucha por los Derechos Humanos y de recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado que azotó al país desde 1976 hasta 1983; razón por la cual el apoyo del bloque del FpV está descontado, será importante ver cómo votarán los aliados del Frente Progresista Popular, de Nuevo Encuentro, de Sindical Peronista y de Izquierda Popular.

Según pudo saber Semanario Parlamentario, el Gobierno nacional desea controlar los excentros de detención clandestina que funcionaron durante la dictadura, pero como contrapartida el Pro obtendría el apoyo del bloque kirchnerista a una serie de proyectos que comenzarán a tratarse próximamente.