Frente a la sentencia de desalojo, la diputada quiere que el Estado se haga cargo de la empresa recuperada para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
Luego de once años de lucha y autogestión, los trabajadores del hotel recuperado BAUEN enfrentan una sentencia firme de desalojo. Para evitarlo, la diputada nacional Adriana Puiggrós presentó un proyecto de ley que propone declarar de “utilidad pública y sujeto de expropiación” el icónico edificio de Callao 360 de la Capital Federal.
La presidenta Asamblea Nacional del Frente Grande se manifestó “convencida de que es el Estado quien debe saldar las nefastas consecuencias de las complicidades entre la dictadura militar y los poderes económicos que aún hoy amenazan la continuidad de 160 puestos de trabajo y de una autogestión modelo en el mundo”.
La iniciativa de la diputada del Frente para la Victoria se extiende, además, a los bienes muebles e inmateriales que tengan relación con la explotación turística, social y comunitaria excepto aquellos que hubieran sido adquiridos a título gratuito u oneroso por la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires.
El proyecto también lleva las firmas de Gastón Harispe (Movimiento Octubres) y de Herman Avoscán (Frente Grande), también diputados del Frente para la Victoria.
Cabe decir que en Diputados ya se presentaron proyectos similares. Uno de Nuevo Encuentro–-encabezado por Carlos Heller- y otro del interbloque Frente Amplio Progresista –con Victoria Donda a la cabeza-, que también declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble hotelero con todas sus instalaciones.
“Construido para fomentar el turismo durante el Mundial de 1978, gracias a subsidios del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) que otorgó la dictadura cívico-militar, el Bauen tuvo su apogeo en la década del 80, hasta que la llegada de las grandes cadenas hoteleras internacionales fue mermando su actividad”, contó Puiggrós.
Y continuó: “Así, en medio de la feroz crisis del neoliberalismo de finales de los 90 y luego de despidos masivos, el hotel se declaró primero en convocatoria de acreedores en febrero de 2000 y finalmente en quiebra y fue cerrado el 28 de diciembre de 2001. En marzo de 2003, con la ayuda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), los empleados del hotel ocuparon el edificio defendiendo sus puestos de trabajo y luchando por la propiedad a través de activismo y negociación”.
La iniciativa de Puiggrós establece, entre otras cuestiones, que los bienes expropiados “se destinarán al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada, fundada por los extrabajadores del Hotel Bauen, quien deberá destinar y crear espacios de promoción cultural y realizar actividades educativas y artísticas”.
A efectos de profundizar este compromiso, la propuesta postula que la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires, una Empresa Nacional Limitada, facilitará parte de sus instalaciones para el desarrollo de prácticas educativas laborales que permitan el aprendizaje de oficios relacionados con la hotelería, al mismo tiempo que celebrará convenios con universidades públicas para realizar prácticas relacionadas con las carreras de turismo, gastronomía, hotelería, cooperativismo y socioculturales, a fin de facilitar la posterior inserción laboral de los estudiantes.
El referente del Frente Grande resaltó además que “la recuperación de fuentes de trabajo que llevó adelante la Cooperativa en estos once años es insoslayable: de 25 socios fundadores con que contaba en un principio pasó a tener 160 asociados, lo que supone un crecimiento del 640 por ciento en la plantilla laboral, que hoy percibe ingresos equiparables al convenio del sector”.
“Aún más relevante, la política de apertura hacia la comunidad que, desde sus inicios, han sostenido los trabajadores integrantes de la cooperativa es reconocida por numerosas organizaciones sociales en el mundo”, aseguró.
Sin embargo, sostuvo que “este colectivo insignia entre las empresas recuperadas ve peligrar su continuidad debido a una sentencia firme de desalojo dictada por la jueza Paula Hualde del Juzgado Comercial Nro. 9, en el año 2007, con apelación de la cooperativa en segunda instancia y en recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia que fueron rechazados”.
“Si bien la jueza Hualde está llevando adelante encuentros de conciliación entre las partes, es perentorio que el Estado asuma la responsabilidad de su expropiación y posterior transferencia a manos de sus trabajadores, de manera tal de brindarles la seguridad jurídica necesaria para seguir demostrando con su esfuerzo que gestionan un bien factible de ser declarado de utilidad pública. En especial, cuando lo que está en peligro son 160 puestos de trabajo genuinos, además del perjuicio que reportaría para cientos de pequeños agentes de la economía social que fueron desarrollados como proveedores de bienes y servicios de la cooperativa (una política priorizada desde sus inicios)”, consideró la diputada kirchnerista.
“’BAUEN lucha, cultura y trabajo’ ha sido, durante todos estos años, una de las consignas centrales de los gestores de este espacio autogestionado de referencia para los movimientos sociales y los sectores populares del país y del mundo. Es hora de que esos trabajadores reciban una respuesta a la altura de sus luchas”, concluyó Puiggrós.
