Fue en el marco de la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado, que se reunió en Mar del Plata, que no contó con la presencia de miembros del FpV. El proyecto firmado es el del Frente Renovador.
Se reunió en Mar del Plata la Comisión de Seguridad que preside el senador Baldomero Alvarez de Olivera, y que dio dictamen al proyecto de declaración de emergencia en seguridad al proyecto del Frente Renovador.
La iniciativa con la que el massismo confronta con el decreto firmado por el gobernador Daniel Scioli hace algo más de dos semanas, pasó ahora a la Comisión de Legislación General.
Los massistas argumentan que el gobernador “no tiene facultades para legislar por decreto”. De ahí que plantearan que esa declaración de emergencia está “viciada de inconstitucionalidad”, por lo que debe mediar una ley.
La Comisión de Seguridad contó, como dijimos, con la ausencia de los integrantes del FpV, pero logró quórum gracias a la participación de senadores del FR y del radicalismo.
¿Hay diferencia entre el proyecto del massismo y el decreto de Scioli? Sí, por supuesto. Entre otras cosas, el proyecto que avanza en el Senado establece que un 60 por ciento de los fondos que demanden las acciones para combatir el delito provendrán de partidas de la publicidad oficial, al tiempo que un 50 por ciento del monto resultante de esa adecuación de partidas “será distribuido entre los municipios de la Provincia”, según el Coeficiente Único de Distribución y que tendrán como afectación específica la inversión en seguridad.
Asimismo se fija un plazo de duración de la emergencia en seguridad de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarla otros 12m y establece que la creación de una comisión Bicameral de Emergencia de Seguridad, integrada por cinco senadores y cinco diputados provinciales, la cual deberá encargarse del seguimiento y fiscalización de las políticas de fortalecimiento de la institución policial y penitenciaria, de prevención del delito, seguridad pública, criminalista y criminología.
Asimismo el proyecto reclama del Ejecutivo la presentación ante la Legislatura de “un informe de gestión operativa para el período de la emergencia, en el término de 90 días de reglamentada la presente, a efectos de ser evaluada por la Comisión Bicameral creada por la presente”.
