Buscan "garantizar y afianzar derechos" de los ciudadanos que se ven afectados por cortes de tránsito durante distintas manifestaciones.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley de convivencia en manifestaciones públicas que busca “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos que se ven afectados por cortes de tránsito durante distintas manifestaciones.
La iniciativa, encabezada por el diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, se inscribe en el pedido de la presidenta Cristina Kirchner a la Asamblea Legislativa de sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”.
“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, planteó la jefa del Estado en esa oportunidad.
El proyecto busca establecer “reglas precisas de convivencia” y “saldar una deuda legítima, garantizando el derecho de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones públicas”.
“Contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos”, enfatizan los diputados entre los fundamentos de la iniciativa.
El texto también lleva las firmas de Diana Conti, José María Díaz Bancalari, Teresa García, Sandra Mendoza, Carlos Kunkel y de Gustavo Campos.
Esta propuesta se suma a la que ya presentó el Frente Renovador, con el objeto de regular el “derecho” a la petición social.
El proyecto
El proyecto de “Ley de Convivencia en manifestaciones públicas” establece que las manifestaciones públicas deben ser avisadas al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar, motivo y un delegado para dialogar con la autoridad ante quien se peticione.
El proyecto prevé que si la manifestación es catalogada como “ilegítima”, es decir que no cumple los requisitos de no cortar calles, afectar a servicios esenciales o no dar previo aviso, las fuerzas de seguridad puedan “dispersar” la misma.
En el caso de las manifestaciones “legítimas” el Estado debe actuar par garantizar su desarrollo en forma pacífica, se indica en el proyecto.
Previamente a ese accionar, personal civil debe disuadir a los manifestantes y se deberá liberar parcialmente la calle, avenida o ruta cortada.
Según la iniciativa, los mediadores civiles tendrán dos horas de plazo: si no se solucionara el corte, la Policía, Gendarmería o fuerza designada podrá actuar para despejar la protesta.
