El ministro de Trabajo asistirá el próximo martes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, asistirá el próximo martes al Senado para defender ante un plenario de comisiones el proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado, que fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Tomada asistirá al Salón Azul de la Cámara alta a partir de las 15, para explicar el proyecto ante las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside María de los Angeles Higonet, y de Presupuesto y Hacienda, que comanda Aníbal Fernández.
La iniciativa, titulada “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, consta de 46 artículos y lleva las firmas de la primera mandataria, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside la pampeña María Higonet (aliada K), será cabecera en el tratamiento que se estima comenzará en las próximas semanas.
Según explicó este lunes la presidenta, la propuesta establece un régimen escalonado de contribuciones patronales para las microempresas, a raíz de su “altísimo grado de informalidad”.
En el marco de la inauguración del Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada, Cristina explicó que, según el proyecto, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores no pagarán más contribuciones patronales, “sin que esto signifique ningún menoscabo para los derechos de los trabajadores”.
En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año. El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.
La presidenta indicó que las pymes que violen este régimen “van a perder todos los beneficios del Estado” y que esto constará en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
A su vez, dijo que el proyecto contempla la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial, hasta ahora exclusivos para las actividades rurales, a otras ramas de la producción.
En tanto, recordó que “casi un tercio de la población estaba desocupada en 2003”, antes de que asumiera Néstor Kirchner, y recalcó que a partir de allí se crearon “más de seis millones de puestos de trabajo”.
Agregó que el último trimestre del año pasado se alcanzó el índice de desocupación “más bajo” del período, que fue del 6,4 por ciento.
No obstante, alertó que “la precarización laboral es un enemigo de todos los trabajadores” y apuntó que en dos años, el Gobierno espera formalizar “650 mil trabajadores”.
Registro de Empleadores con Sanciones Laborales
En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se incluirán las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, las provincias o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.
La permanencia en el REPSAL tendrá como duración máxima un plazo de tres años, aunque en los casos de sanciones judiciales por delitos contemplados en las leyes de Prevención de la Trata de Personas y de Prohibición del Trabajo Infantil se aplicarán los plazos contemplados en el Código Penal.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infracto permanecerá en el REPSAL por noventa días desde la fecha del pago de una multa.
De acuerdo al proyecto, los empleadores incorporados en este Registro no podrán acceder a programas o beneficios del Estado nacional o acceder a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos.
Tampoco podrán celebrar contratos de compaventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción de compra, permutas, concesiones de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional, así como participar en obras públicas o concesiones de servicios públicos.
En tanto, si el infractor reincidiera en este Registro, se lo excluirá del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se le impedirá que deduzca del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.
