El Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria difundió un sintético estudio de la iniciativa de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que parlamentario.com publica aquí.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, cuyo objetivo es reducir la informalidad laboral, otorgando beneficios previsionales a los sectores más vulnerables de la cadena productiva (Mipymes y emprendedores) y garantizando, al mismo tiempo, los derechos jubilatorios de los trabajadores.
Se busca que la tasa de informalidad actual, del 33,5% de la PEA, se reduzca al 30% durante el primer año posterior a la aplicación de esta Ley y luego al 28%, durante el segundo año de vigencia de la misma.
Se toma esta iniciativa porque el Gobierno ha considerado que desde el 2003 la informalidad se redujo de casi el 50% al 33,5% en el año 2009 y que desde ahí se ha mantenido estancada en esta tasa, por lo cual se necesitan medidas de estímulo adicionales para la registración de trabajadores formales. Ello significaría formalizar alrededor de 300.000 trabajadores durante el primer año y otros 280.000 durante el segundo.
Principales acciones que contempla el proyecto de Ley:
Las acciones que contempla la Ley pueden separarse en tres grupos:
1) Reducción de contribuciones patronales (Título II – Cap. I y II del proyecto de ley)
2) Fortalecimiento de la fiscalización
3) Creación de un Registro de Infractores Laborales (Título I del proyecto de ley)
En relación a la reducción de las contribuciones patronales se propone la creación de 2 regímenes:
* el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Micro empleadores que no sean sociedades anónimas (es decir, pueden ser SRL, sociedades de hecho o personas físicas) que tengan 5 o menos empleados en relación de dependencia, que pasarán a abonar solo el 50% de la contribución patronal establecida en el régimen general.
Si el empleador aumenta su dotación hasta 7 podrá seguir gozando del beneficio previsional pero solo por 5 trabajadores. Por los otros 2 deberá abonar la carga completa. En caso de que se tratase de empleado part-time el pago de la carga previsional será del 75%.
También habrá un límite máximo de facturación anual que todavía no se estableció (se fijaría por reglamentación). Fuentes periodísticas señalan que podría ser de alrededor de $1.800.000 anual.
La restricción que impone este Régimen es que los empleadores que despidan personal no podrán usufructuar de los beneficios del mismo por un plazo de 12 meses, contado desde el último despido.
Genera también un techo máximo para el pago de las cuotas de las ART por los trabajadores comprendidos en este régimen. Dichas cuotas se fijarán en la reglamentación.
* El Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado que amplía (para las Mipymes) los beneficios que otorga la legislación vigente. Hasta ahora cualquier empleador que tomase un nuevo trabajador tiene el beneficio de reducción de los aporte patronales de un 50% por el primer año y de un 25% por el segundo, sin importar la cantidad de empleados que tuviese. El proyecto modifica estos incentivos de la manera siguiente:
El costo fiscal por el subsidio que se otorga a los empleadores será de aproximadamente $4150 millones del primer año, que será solventado por el Gobierno Nacional para no desfinanciar a la Seguridad Social y proteger los derechos jubilatorios de los trabajadores sujetos a esta legislación.
Con respecto al Fortalecimiento de la Fiscalización, se dota al Ministerio de Trabajo de nuevas y mayores herramientas para extender las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional llega menos, y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos.
Por último se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán, desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
