Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur-UNEN, denunció penalmente al ministro Axel Kicillof por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública” en relación al acuerdo que concretó el Gobierno Nacional con la compañía Repsol por la expropiación del 51% de YPF.

En su presentación, radicada en el Juzgado Federal N°6 de Canicoba Corral, fiscalía número 9 de Ricardo Marijuan, causa número 3387, Solanas denunció “groseras anomalías” en el proceso de valuación de las acciones expropiadas en mayo de 2012.

“El Tribunal de Tasación depende de Julio De Vido y realizó un dibujo adaptado a los números convenidos en este acuerdo político, contrariando todo lo que es la defensa de la Nación y la defensa de nuestro patrimonio y la ética pública”, manifestó Solanas, y agregó que “las sospechas de que se trató de una tasación amañada y realizada de acuerdo a lo acordado previamente con Repsol, surge claramente la imposibilidad técnica que en apenas pocos meses se hayan podido tasar más de cinco millones de bienes de YPF Gas y más de ciento veinte mil bienes de YPF”.

“Este pacto se hizo violando la Constitución. Las irregularidades del acuerdo firmado con Repsol son continuidad de la irresponsable política petrolera del kirchnerismo, que llevó al vaciamiento de YPF y a la pérdida del autoabastecimiento”, finalizó el senador de Proyecto Sur-UNEN.

A continuación, parlamentario.com publica la denuncia radicada por Solanas:

Señor Juez Federal:

FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Senador de la Nación, con domicilio en la Hipólito Irigoyen 1750 Piso 5°, of. 510 y constituyéndolo legalmente en la Av. Rivadavia 1829, Piso 6, ante V.S. me presento y como mejor proceda en derecho digo:

I.- OBJETO DE LA DENUNCIA:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 177, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación que establece la obligación de denunciar ante el conocimiento de la posible comisión de un delito, vengo a efectuar denuncia penal contra los señores GALDINO ALBETTO CATTANEO, Presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, DANIEL EDUARDO MARTIN, Presidente de la Sala Ad-Hoc YPF del referido Tribunal, la que fuera creada por resolución TTN 8/13 por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la Administración pública; delitos previstos y penados por los artículos 248, y 174, inciso 5° del Código Penal de la Nación; y contra el Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Lic. AXEL KICILLOF por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración, delito penado por el artículo 248 del Código Penal. En el momento de ratificar la presente denuncia aportaré al Tribunal los domicilios de los nombrados.

II.- LOS HECHOS

Son suficientemente conocidas las circunstancias en las que fuera privatizada YPF y entregada a la petrolera REPSOL; el arbitrario manejo de la empresa por parte de la sociedad española, que después de su compra dejó de hacer las inversiones necesarias, se dedicó a transferir al exterior del país todas las ganancias que YPF producía, la falta de inversiones; efectuó una evasión fiscal que fuera detectada ya en el año 2002 por la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la H. Cámara de Diputados de la Nación, todo lo cual resulta demostrativo de la intención de apoderarse de todos los recursos de YPF hasta vaciarla.

Respecto de la evasión fiscal de Repsol YPF y de otras petroleras detectada por la Comisión indicada en el párrafo anterior, presenté una denuncia penal en el año 2007, la que tramitó ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del Dr. Julián Ercolini.

En el año 2006, las Diputadas Elisa Carrió y Fabiana Ríos efectuaron una denuncia penal contra Repsol, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo (causa 3518/06) por la posible comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, evasión Fiscal y fraude entre otros , la que fue ampliada en el año 2012 contra el Sr. Roberto Baratta, director de la empresa en representación del Estado Nacional y contra los síndicos que no habían efectuado objeción alguna a los balances presentados que siempre aprobaron.

En el mes de mayo del año 2012, el Congreso de la Nación, sancionó la Ley 26.741 por la que se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la empresa YPF S.A. que eran de propiedad de REPSOL. En el artículo 12 de la referida Ley se determinó que el monto de la indemnización sería fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Aunque ello no se hubiera determinado, así lo determina la Ley 21.449 y por otra parte así lo prescribe el artículo 17 de la Constitución Nacional para toda expropiación que se realice por motivos de utilidad pública.

Cuando se realizó la expropiación diversos funcionarios, entre ellos el actual Ministro de Economía, minimizaron los montos de la indemnización que deberían pagarse a REPSOL, en razón de los pasivos ambientales que iban a reclamarse, insistiendo que en ningún caso se pagaría lo que la petrolera española reclamaba.

Producida la expropiación y al haberse hecho cargo el Estado de la mayoría del capital accionario, desalojando abruptamente a los directivos de la expropiada del edificio de YPF, REPSOL, inició 18 acciones litigiosas contra YPF, en los tribunales en lo contencioso administrativo federal de de la Capital Federal, en diversos juzgados comerciales de la Capital Federal; en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, en el Tribunal de Primera Instancia del estado de Nueva York; en el Juzgado Mercantil N° 1 de Madrid y también recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, con sede en Washington, Estados Unidos. Además existen 20 acciones personales iniciadas también en distintos tribunales del país.

Habiendo iniciado REPSOL diversos litigios judiciales en distintos tribunales del país y del exterior, se efectuaron gestiones entre las autoridades económicas y la empresa, durante el año 2013. El objeto era llegar a un acuerdo, lo que hasta ese momento resultaba improcedente, ya que no existía ninguna tasación sobre los activos de la empresa, y en consecuencia no se tenía ningún valor de referencia, para llegar a establecer parámetro alguno que permitiera solucionar extrajudicialmente la situación planteada entre las partes.

En el mes de noviembre de 2013, después de entrevistarse con los directivos de REPSOL, el Ministro Kicillof manifestó que se había llegado a un preacuerdo con la empresa, y si bien no indicó cifra, trascendidos extraoficiales dieron a entender que se había convenido en pagar 5.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones, todo ello sujeto a la aprobación de los accionistas. A su vez el Consejo de Administración de la empresa española dio su conformidad para continuar con las conversaciones, que se manejaron siempre en un marco de confidencialidad, no conociéndose en ningún caso los ofrecimientos del gobierno argentino ni las exigencias de REPSOL. En cualquier caso, como el Tribunal de Tasaciones no había emitido opinión alguna, podría suponerse que las negociaciones se hacían sobre un ofrecimiento concreto del gobierno argentino, ya que no tenía sentido acordar sobre la nada.

Finalmente el día 27 de febrero de 2014, se firmó el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación suscripto por el Ministro Kicillof y las diversas empresas que conforman el grupo REPSOL, enviándose el día 28 al Senado de la Nación el Proyecto de Ley para ratificar el Convenio. Al revisar la documentación enviada al Senado, se pudo comprobar que existían tres documentos emitidos por el Tribunal de Tasaciones: uno de fecha 6 de enero correspondiente a una supuesta tasación de YPF GAS de unas pocas fojas, por la suma de 67.364.745 millones de dólares estadounidenses; otro del 17 de febrero, en 20 fojas, que conformaban una supuesta tasación de YPF S:A. por la suma de 4.925.085.000 millones de dólares estadounidenses, y un tercer documento de fecha 25 de febrero donde se manifiesta que el Tribunal “considera que el valor acordarse es justo y razonable a todos los efectos del avenimiento y solución amigable previstos en el Convenio y resulta consistente con los principios y bases de valoración aplicados por este Tribunal

El Proyecto que se envío al Senado contempla además la ampliación de la Ley de Presupuesto General de la Administración para el ejercicio fiscal del año 2014, autorizando una emisión de Bonos del Tesoro Nacional, como así también Letras del Tesoro por un valor nominal de 150 millones de dólares a favor del Banco de la Nación Argentina, como contragarantía del aval a ser otorgado por dicho Banco. El Convenio establece una indemnización a Repsol por un monto de CINCO MIL MILLONES DE DÓLARES, con más intereses, que pueden llegar a duplicar esa suma de conformidad con los plazos establecidos. Todo ello tuvo sanción favorable del Senado de la Nación, al rechazar el oficialismo todo argumento en contrario que le fuera planteado respecto a las irregularidades detectadas.

Tal como lo determina el artículo 17 de la Constitución Nacional, el valor de los bienes sujetos a expropiación debe ser fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación cuya misión es establecer valores objetivos para la adquisición, enajenación, locación o registro contable de bienes, ante el requerimiento del Poder Judicial de la Nación o de organismos municipales, provinciales, nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales el Estado Nacional forme parte; para sí o para aquellos entes a los cuales supervisan, controlan o auditan. Ello hace suponer la imposibilidad de llegar a ningún preacuerdo o acuerdo, sino se cuenta con la estimación del Tribunal de Tasaciones, único ente encargado para este tipo de valorizaciones.

No obstante lo señalado anteriormente, el Ministro de Economía Axel Kicillof, informó en el mes de noviembre, sobre la existencia del acuerdo al que se habría llegado con Repsol, el que luego de varias consultas fue aprobado por las autoridades de la empresa, porque le resultaba ampliamente favorable. En las habituales negociaciones donde impera el secretismo, no se tuvieron en cuenta los reales valores de la empresa, sino el convenir una suma que fuera conveniente para los intereses de la petrolera española.

Al respecto, cabe apuntar que en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, obra la causa penal N° 3518/06, donde se está investigando una denuncia efectuada por una organización de contadores forenses, que estiman que YPF fue perjudicada en una suma de alrededor de MIL SETECIENTOS millones de dólares estadounidenses (USD 1.700.000.000), debido al pago de dividendos que se efectuaron no solo sobre las ganancias de la empresa, sino sobre el capital, suma que eventualmente debería descontarse de la indemnización, sin perjuicio de las responsabilidades penales emergentes, y la clara violación de la ley de sociedades. Una medida prudente del Poder Ejecutivo, hubiera sido insertar en el Convenio una cláusula que determinara eventuales descuentos si la investigación judicial determinara la exactitud de la estimación efectuada por los peritos forenses.

Aunque el Tribunal de Tasaciones efectuó su informe con fecha 17 de febrero del corriente año, resulta evidente al hacer una rigurosa lectura de todos sus rubros, que se trató de adecuar la tasación a lo acordado previamente por el Ministro Kicillof, aunque el Acuerdo de Avenimiento se firmara recién el 27 de febrero. Decimos esto porque las cifras que se insinuaron en noviembre del año 2013, coinciden con la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, estimando que las valuaciones de los distintos rubros, debían necesariamente coincidir con lo que se pensaba pagar a Repsol. Una evidencia de esto es que si se suman los importes de las tasaciones de YPF S.A. e YPF Gas, dan la suma de 4.992.449.745 millones de dólares, es decir solo 7.550.255 menos del acuerdo celebrado.

No está demás consignar, que apenas un día después que fue entregada la tasación al Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, se encuentra la apostilla de la Convención de La Haya, fechada el 19 y puesta por el Decano del Colegio Notarial de Madrid a uno de los poderes necesarios para la suscripción del Convenio de Avenimiento, lo que es una evidencia más que se realizó el acuerdo por las sumas convenidas, y luego se formalizó una tasación que respondiera a la negociación ya realizada, lo que significa una expresa violación de la ley y de nuestro texto constitucional.

Respecto a esa sospechosa tasación sorprende que en apenas 20 carillas se haya podido efectuar la valuación de una empresa de la magnitud de YPF, estableciéndose valores, que no se acredita de donde surgen. En efecto, en todo el documento emanado del Tribunal de Tasaciones, se insiste reiteradamente en que “se han tasado”: inmuebles, Plantas, Plataformas Offshore, equipos varios, Aeroplantas, Estaciones de Servicio, Planta de Lubricantes, 29.971 pozos en las áreas de producción, en su mayoría de YPF, muebles, bienes informáticos y de comunicaciones, rodados, un avión, y otros, pero en modo alguno se hace mención a una serie de elementos fundamentales, que resultan básicos en una tasación de semejante magnitud. Para dar algunos ejemplos, no se informa:

1.- como se efectuó la tasación, que valores de referencia fueron tomados en cuenta, que montos surgen de la documentación contable de la empresa, y la amortización de los bienes.

2.- Que criterios y normas de contabilidad han aplicado los miembros del Tribunal, cual su indicación genérica y puntual.

3.- Que bases, criterios y procedimientos han seguido para llegar a los valores de la tasación.

4.- Que estados contables tomaron como base.

5.- Si tomaron en cuenta el valor de cotización de las acciones, a qué precio y a qué mercado.

6.- Como llegan sobre la base de la cantidad y el tipo de acciones expropiadas a las conclusiones de la tasación.

7.- Que comprenden los 307 millones de dólares de contingencias legales y fiscales y como las determinaron.

8.- Cuales fueron los cálculos que realizaron a los efectos de la tasación.

9.- Que papel tuvieron en la los funcionarios del Ministerio de Economía en la tasación, y si hubo alguna sugerencia sobre los montos asignados a los bienes de la empresa, cuyas acciones se expropiaron.

Además de estas cuestiones básicas, en la tasación se informa que se consideraron los pasivos medioambientales, tal como fueron expuestos en los estados contables de la sociedad, pero en ningún caso se hace mención a los mismos, resultando improcedente que el Tribunal se limite a consignar lo que hizo figurar Repsol en sus documentos, sin verificación alguna sobre la exactitud de tales pasivos. Y al respecto existen cinco acciones judiciales, que podrían afectar claramente el patrimonio de la empresa y en consecuencia el valor del capital expropiado.

También es importante puntualizar la existencia de posibles pasivos ocultos que son de plena responsabilidad de la expropiada y que no fueron tratados por el Tribunal de Tasaciones.

En las observaciones de la tasación se hace referencia a doce expedientes supuestamente relacionados con la tasación, pero no se efectúa ninguna referencia a los mismos ni a lo que contienen, y en su mayor parte son actuaciones de finales del 2013 y principios del 2014.

Según el detalle de lo consignado en la Tasación, se tasaron 126.646 bienes de YPF S.A., entre los que se cuentan 289 terrenos y 200 propiedades existentes en todo el territorio nacional, más la totalidad de la infraestructura de la empresa expropiada. A esto se suma la supuesta tasación efectuada sobre 10 empresas controladas, algunas de ellas en Estados Unidos, Brasil, Bolivia y España; 3 empresas asociadas, 8 empresas con participación accionaria.

A esa tasación debe agregarse la tasación de YPF Gas, efectuada el 6 de enero de 2014, donde se informa que se tasaron 5.037.228 bienes, no indicándose en absoluto cuales son los mismos, ni haciéndose una estimación debida de ellos, y los parámetros que se tomaron debidamente en cuenta para hacerlo.

Las sospechas de que se trató de una tasación amañada y realizada de acuerdo a lo acordado previamente con Repsol, surge claramente de los documentos que hemos reseñado y a la imposibilidad técnica que en apenas pocos meses se hayan podido tasar más de cinco millones de bienes de YPF Gas, y más de ciento veinte mil bienes de YPF S.A. Conociendo el funcionamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación y el personal con el que cuenta, resulta imposible, que en poco más de un año se hayan tasado los bienes indicados; especialmente porque los mismos no están concentrados en un lugar físico sino diseminados en todo el país, sino que además hay un conjunto empresario existente en otros países, que supuestamente fue tasado en tan corto tiempo, lo que resulta sencillamente inverosímil.

Debemos tener en cuenta que el Tribunal Ad-Hoc fue constituido recién en el año 2013, es decir que en apenas un año se realizó la supuesta tasación de una empresa de la envergadura de YPF, que por sus activos es la primera empresa del país.

Según la información disponible, este Tribunal, tiene entre personal estable y contratado 94 personas, en la que está incluido el personal administrativo, que se ocupa de los trámites burocráticos. Además de ello los supuestos tasadores no estuvieron dedicados exclusivamente a la expropiación de Repsol, sino a una respetable cantidad de otros trámites, ya que la institución se ocupa de todo tipo de tasaciones, aún de aquellas de índole privada. Para mostrar algunos detalles de su funcionamiento debe tenerse en cuenta, que la última información disponible, muestra que en todo el año 2012 se tasaron 41.871 bienes, ya que su infraestructura no les permite ocuparse de mucho más, atento la exigüidad de personal con el que cuenta.

Se supone que un tasador tiene que conocer debidamente las características y la situación real de los bienes a tasar; debe evaluar el estado de conservación, los aspectos funcionales, y las eventuales degradaciones físicas o estructurales, que puedan comprometer el valor de los bienes, y afectar el interés público. Nada de esto surge que se haya hecho, sino que solo se trató de dibujar una situación patrimonial, porque existía la urgencia de firmar el Convenio.

Todas las graves irregularidades señaladas hacen suponer que no se hizo una verdadera tasación como lo establece la ley 21.446, con el único propósito de arreglar con Repsol, beneficiándola indebidamente, con tal de llegar a cualquier tipo de acuerdo y terminar con las acciones litigiosas que podrían plantearse. Esto determina también una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, y es claramente demostrativo de la ilegalidad de lo acodado con REPSOL.

Debe agregarse que de conformidad con lo que surge del referido Acuerdo, la Argentina ha quedado obligada a desistir del derecho de todas las acciones y reclamos extrajudiciales y/ o arbitrales presentes o futuros contra Repsol y todas sus vinculadas, en el territorio argentino y en el extranjero originados en la actuación de Repsol y personas vinculadas como accionistas (contratantes o no), directores, síndicos y/ o empleados de YPF y/ YPF GAS y o sus controladas. Esto supone claramente, que ante la eventual comprobación de cualquier daño ambiental producido como consecuencia de las actividades petrolíferas de Repsol, el Estado Nacional se vería imposibilitado de ejercer cualquier acción resarcitoria de la naturaleza que fuere, viéndose obligado a responsabilizarse ante terceros afectados, con un claro perjuicio al patrimonio nacional.

Nuevamente nos encontramos con acciones claramente violatorias del estado de derecho que no se pueden convalidar. No se trata solamente de acuerdos negociados secretamente, sin tasación real de los bienes, sino que se armó toda una ficción administrativa para pretender demostrar que se habían cumplidos con las normas legales respectivas para la expropiación. Las evidencias que hemos planteado son más que suficientes, y las que existen en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4, vienen a corroborar la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva sobre la base de la documentación obrante en el Tribunal de Tasaciones y en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En los hechos mencionados, no solo existe una clara responsabilidad de los miembros del Tribunal Ad-Hoc que supuestamente efectuaron la tasación de los bienes de YPF, sino del Presidente del tribunal de Tasaciones, y del Ministro de Economía y Finanzas Públicas Axel Kicillof, que le ofreció a la petrolera española, una suma, que no había sido establecida previamente por el Tribunal de Tasaciones, como surge claramente de las evidencias disponibles y de los propios documentos que se acompañaran con el Proyecto de Ley enviado al Senado de la Nación, por lo cual, debe ser investiga la posible comisión de los delitos de acción pública que son materia de la presente denuncia.

III.- PRUEBA

Sin perjuicio de las medidas que pueda ordenar V.S. entiendo que debe realizarse las siguientes medidas de prueba:

INFORMATIVA: Librar oficio: a la H. Cámara de Diputados de la Nación para que envíen copia del Proyecto de Ley aprobado por el Senado de la Nación con toda su documentación anexa; al Tribunal de Tasaciones de la Nación a los efectos de que remitan la totalidad de la documentación en su poder relacionada con la tasación de los bienes de YPF S.A. y YPF GAS; al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a los efectos de que remitan todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Convenio celebrado con REPSOL, por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Por lo anteriormente expuesto V.S. solicito:

1.- Se me tenga por presentado y por constituido el domicilio legal indicado.

2.- Se tenga por formulada la correspondiente denuncia penal conforme los términos indicados en el punto del presente.

3.- Se tenga presente la prueba ofrecida para la oportunidad procesal que corresponda.

4.- Se me cite a ratificar la denuncia.

Proveer de Conformidad

SERA JUSTICIA