El pleno de la Cámara baja discute el proyecto para indemnizar a le petrolera española por la expropiación de sus acciones en YPF. El oficialismo aprobaría la ley en la madrugada del jueves. La oposición se divide entre el rechazo y la abstención.
Con el objetivo de concluir la controversia internacional que abrió la expropiación de YPF en 2012, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados se dispone a sancionar la ley que ratifica el acuerdo entre la Casa Rosada y Repsol para indemnizar con 5.000 millones de dólares a la petrolera española.
La sesión especial convocada por el oficialismo comenzó a las 12.10, una vez que se formó el quórum con diputados kirchneristas, aliados y opositores de distintos partidos. La reunión comenzó con 132 legisladores, aunque podrían haber sido más si se tienen en cuenta todos los que permanecían parados.
Pese a que el único tema a debatir es el acuerdo con Repsol, se espera que la reunión se extienda por más de doce horas.
El bloque que conduce Juliana Di Tullio prevé sancionar la ley sin modificaciones, con los votos del Frente para la Victoria, sus aliados tradicionales (Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro, Movimiento Solidario Popular, PJ La Pampa) y de un puñado de disidentes que apoyan el acuerdo.
La Unión Cívica Radical, el interbloque Frente Amplio Progresista y los porteños de UNEN se opondrán firmemente al acuerdo, tal como lo hicieron sus representantes en la Cámara alta.
Los integrantes del Frente Amplio UNEN cuestionan no solo el monto de los 5.000 millones de dólares que se le pagarán a Repsol en concepto de indemnización, sino también los pasivos ambientes que a su entender no están contemplados en la compensación.
En cambio, los diputados de Unión Pro y del Frente Renovador confirmaron que se abstendrán, ya que si bien cuestionan algunos términos del acuerdo además de la expropiación de 2012, prefieren no oponerse a una medida que consideran le ahorrará problemas al país en el plano internacional. Otro que se inclinaría por la abstención es Francisco de Narváez.
El debate
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Mario Metaza, defendió en nombre del oficialismo la recuperación del control estatal en YPF y sostuvo que con este acuerdo “hemos logrado cerrar el círculo que se abrió cuando la presidenta decidió enviar el proyecto de expropiación e intervenir la compañía” en 2012.
Metaza destacó que el convenio “amigable” con Repsol le permitirá a nuestro país “reparar los daños que produjo la privatización de YPF” y lograr una mejor posición en el mercado internacional para “tomar crédito externo y expandir sus políticas públicas”.
En el mismo sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, señaló que el acuerdo “constituye la llave para un flujo de inversiones” en Argentina de cara al autoabastecimiento energético, algo de lo que la oposición “ni habló”.
Por el contrario, Federico Sturzenegger (Unión Pro) fustigó la nacionalización de la petrolera –a la que su bloque se opuso- al advertir que “la ocupación de YPF fue el resultado del fracaso de la política energética” y sentenció que el yacimiento de Vaca Muerta “no va a tener rentabilidad por los próximos cinco años” con esta gestión.
En otro pasaje duro, la cívica Elisa Carrió denunció que el acuerdo con Repsol es una “asociación ilícita entre españoles y argentinos” e incluso cargó contra el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, al advertir que “fue parte de la entrega” de YPF en 1992, cuando era diputado.
Por el radicalismo, Eduardo Costa rompió el silencio y apuntó a las “contradicciones” de los Kirchner con YPF.
“La política petrolera ha sido cortoplacista, cambiante. Hemos pasado de la privatización a la recuperación de YPF. Pero hay algo que es común: la estrategia y la táctica: la estrategia de la caja y el negocio petrolero para sostenerse en el poder”, lanzó.
Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y Omar Duclós (GEN) denunciaron en nombre del FAP que hubo una “tasación incompleta y a medida del Poder Ejecutivo”, por lo que se llegó a un “precio sin consistencia”.
“Una cosa es cumplir con el pago de indemnización por expropiación, al cual no nos oponemos, y otra muy distinta es que acompañemos con nuestro voto una indemnización hecha a medida de los saqueadores, sin una clara intervención del Tribunal de Tasación y sin que los que incumplieron con sus responsabilidades, como es el caso de Repsol, sean sancionados, ni multados y ni siquiera se los haya denunciado penalmente”, explicó Duclós.
Ciciliani consideró también que “el oficialismo no debería aceptar el contrato hasta que Repsol pague por sus pasivos” ambientales, que, alertó Duclós, son “incalculables”.
Para Claudio Lozano, de Unidad Popular, el convenio implica “un premio para una empresa que dilapidó los recursos energéticos”. “Se vuelve a ratificar que las empresas extranjeras vienen y se van ganando de la Argentina”, lamentó.
El Frente de Izquierda también encabezó un encendido rechazo al proyecto. Néstor Pitrola aclaró que se emitirá deuda externa “por 6500 millones de dólares que se harán más de 11 mil millones con intereses, bajo la extorsión de un acuerdo ya aprobado por el directorio de los vaciadores de YPF”.
“Se indemniza a los que nos dejaron un pasivo ambiental de más de 8.000 mil millones de dólares, a los estafadores de los ex ypefianos, a los que nos dejaron la quiebra energética que nos hace importar combustibles, petróleo y gas por 15.000 mil millones de dólares, cosa que pagamos con un tarifazo mensual en los surtidores”, denunció.
El acuerdo
En el acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
