Cerca de las 20.30 horas, en la agitada sesión especial de Diputados para aprobar el Acuerdo Repsol – YPF, la dputada por San Luis Berta Arenas, explicó los motivos de la abstención de su voto, al igual que el de los otros cinco integrantes del bloque Compromiso Federal. Expresó que “hubo una ausencia total de política energética que caracterizó a nuestro país en los últimos años, de los cuales el actual gobierno estuvo en el poder durante once, lo que permite concluir que el verdadero motivo de la expropiación no es otro que un factor puramente económico”.

“En efecto, en 2011 la Argentina tuvo déficit comercial en combustibles por una cifra récord, siendo consecuencia directa del mismo la expropiación de las acciones de YPF a los pocos meses -agregó-. Es innegable entonces la responsabilidad directa del Gobierno por la falta de política energética durante la última década, en este tema central una verdadera década perdida”. A eso le sumó el hecho de que el Gobierno contaba con representantes en el directorio de Repsol YPF, que “no solo fallaron en controlar a la concesionada (aprobando balances, endeudamiento y dividendos), sino que fueron cómplices directos de su vaciamiento, permitiendo la inexplicable entrada de los Eskenazi, que descapitalizaron y endeudaron la empresa”.

Para Arenas “el tan anunciado autoabastecimiento de hidrocarburos no pasa de ser una mera expresión de deseos; en este asunto YPF es apenas la punta del ovillo, ya que, por sí sola, no tiene la envergadura suficiente para lograr esta recuperación. Argentina sigue siendo uno de los pocos países del mundo en donde la mayor parte de su matriz energética depende de los hidrocarburos, YPF es sólo una parte del problema, hoy representa sólo el 37% de la producción de petróleo y el 25% de la producción de gas. El resto de la producción depende de otras compañías, cuyos niveles de producción también están cayendo desde hace años. Se advierte una peligrosa inercia y falta de inversión”.

En el medio de su alocución, la diputada puntana acotó que “esta expropiación contribuye a generar un clima cada vez más desfavorable para las inversiones extranjeras. El debilitamiento de la seguridad jurídica se traduce en menos inversión, menos financiamiento productivo, menos obras de infraestructura, menos crecimiento y menos generación de trabajo”. La legisladora puntana se preguntó: “¿Cómo podemos aceptar que por vía de un Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación se le ponga plazo al Congreso de la Nación argentina para el tratamiento de un proyecto? La firma del ministro Kicillof junto a las de los representantes de una empresa extranjera condicionan severamente al Congreso de la Nación y constituye un verdadero despropósito institucional, despropósito que habla a las claras de cuál ha sido el proceder del Ejecutivo en esta expropiación”.

En consonancia con lo que ya había expuesto el senador Adolfo Rodríguez Saá hace unos días atrás, Arenas explicó que el bloque Compromiso Federal decidió la abstención, porque “a pesar de todo lo expuesto anteriormente debemos respetar el Estado de Derecho y comenzar a recomponer la seguridad jurídica, la cual ha sido sistemáticamente deteriorada por el Gobierno Nacional a lo largo de toda su gestión, que ya supero el decenio, no tan ganado”. Y finalizó expresando que “cumplir con lo dispuesto por la Ley 26.741, colaboraría a reforzar la seguridad jurídica de nuestro país para recobrar gradualmente la confianza de los inversores extranjeros, de esta manera, el cumplimiento del Acuerdo sería una forma amigable de resolver un potencial conflicto y evitar los riesgos de procesos arbitrales cuyos resultados pueden ser adversos para nuestro país”.