Junto a bloques aliados, el oficialismo consiguió 135 votos para avalar el acuerdo con la empresa española por una indemnización de 5.000 millones de dólares. La UCR, el FAP, UNEN y la izquierda encabezaron el rechazo, mientras que el Frente Renovador y Unión Pro optaron por abstenerse.
Tras una maratónica sesión y pese a las críticas de los bloques opositores, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados cerró el capítulo iniciado con la expropiación del 51 por ciento de YPF y logró ratificar, con 135 votos, el acuerdo para indemnizar a Repsol con 5.000 millones de dólares.
El oficialismo contó con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino, el Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro, el PJ La Pampa y los cegetistas Facundo Moyano y Omar Plaini, al cabo de una sesión especial de 15 horas con algunos cruces y casi 130 oradores anotados.
La oposición objetó el monto y las condiciones del acuerdo, pero votó dividida: la UCR, el FAP, los porteños de UNEN, Unidad Popular, el Frente de Izquierda, Francisco de Narváez y Carlos Brown (FE) rechazaron el proyecto, con 59 votos, mientras que 42 diputados, de Unión Pro, el Frente Renovador y Compromiso Federal –que responde a los hermanos Rodríguez Saá-, decidieron abstenerse. La diputada Ramona Pucheta votó a favor.
Las críticas no sólo recayeron en los 5.000 millones de dólares que se le pagarán a Repsol en concepto de indemnización, sino también en los pasivos ambientes que serían condonados con el acuerdo. No obstante, el kirchnerismo recalcó que el convenio amigable abrirá las puertas a nuevas inversiones y defendió la política energética del Gobierno.
El debate
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Mario Metaza, defendió en nombre del oficialismo la recuperación del control estatal en YPF y sostuvo que con este acuerdo “hemos logrado cerrar el círculo que se abrió cuando la presidenta decidió enviar el proyecto de expropiación e intervenir la compañía” en 2012.
Metaza destacó que el convenio “amigable” con Repsol le permitirá a nuestro país “reparar los daños que produjo la privatización de YPF” y lograr una mejor posición en el mercado internacional para “tomar crédito externo y expandir sus políticas públicas”.
En el mismo sentido, el titular de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, señaló que el acuerdo “constituye la llave para un flujo de inversiones” en Argentina de cara al autoabastecimiento energético, algo de lo que la oposición “ni habló”.
Por el contrario, Federico Sturzenegger (Unión Pro) fustigó la nacionalización de la petrolera –a la que su bloque se opuso- al advertir que “la ocupación de YPF fue el resultado del fracaso de la política energética” y sentenció que el yacimiento de Vaca Muerta “no va a tener rentabilidad por los próximos cinco años” con esta gestión.
En otro pasaje duro, la cívica Elisa Carrió denunció que el acuerdo con Repsol es una “asociación ilícita entre españoles y argentinos” e incluso cargó contra el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, al advertir que “fue parte de la entrega” de YPF en 1992, cuando era diputado.
Carrió apuntó también que el costo de la indemnización “no lo paga este gobierno”, sino “el pueblo de la Nación”.
El aliado oficialista Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, recogió el guante y, si bien reconoció que las tasas de interés son “altas” e “injustas”, recordó que “este gobierno hace 11 años que está pagando deuda que contrajeron otros gobiernos”.
No fue una sesión liviana para Carrió, que protagonizó dos cruces. Primero, la cívica cruzó a su par del Frente para la Victoria Nanci Parrilli, al advertir que su hermano, el secretario general de la Presidencia, “fue parte de la entrega de YPF” al ser miembro informante del oficialismo durante el debate por la privatización de la petrolera en la Cámara baja.
En otro pasaje, Carrió aseguró que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estuvo “asesorado” por Roberto Baratta, a quien apuntan por haber “convalidado” los balances de Repsol en su carácter de representante del Estado en el directorio de YPF y mano derecha del ministro Julio De Vido. La acusación le valió a la diputada un cruce con Graciela Camaño, quien salió en defensa de su jefe político.
Por el radicalismo, Eduardo Costa rompió el silencio y apuntó a las “contradicciones” de los Kirchner con YPF. “La política petrolera ha sido cortoplacista, cambiante. Hemos pasado de la privatización a la recuperación de YPF. Pero hay algo que es común: la estrategia y la táctica: la estrategia de la caja y el negocio petrolero para sostenerse en el poder”, lanzó.
Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y Omar Duclós (GEN) denunciaron en nombre del FAP que hubo una “tasación incompleta y a medida del Poder Ejecutivo”, por lo que se llegó a un “precio sin consistencia”.
“Queda claro que no existió tasación previa, sino un informe que intentó justificar los términos del resultado de la negociación”, explicó Duclós. Ciciliani consideró también que “el oficialismo no debería aceptar el contrato hasta que Repsol pague por sus pasivos” ambientales.
Para Claudio Lozano, de Unidad Popular, el convenio implica “un premio para una empresa que dilapidó los recursos energéticos”. “Se vuelve a ratificar que las empresas extranjeras vienen y se van ganando de la Argentina”, lamentó.
El Frente de Izquierda también encabezó un encendido rechazo al proyecto. Néstor Pitrola aclaró que se emitirá deuda externa “por 6500 millones de dólares que se harán más de 11 mil millones con intereses, bajo la extorsión de un acuerdo ya aprobado por el directorio de los vaciadores de YPF”.
“Se indemniza a los que nos dejaron un pasivo ambiental de más de 8.000 mil millones de dólares, a los estafadores de los ex ypefianos, a los que nos dejaron la quiebra energética que nos hace importar combustibles, petróleo y gas por 15.000 mil millones de dólares, cosa que pagamos con un tarifazo mensual en los surtidores”, denunció.
El acuerdo
En el acuerdo –que ya aprobó la Junta de Accionistas de Repsol-, la Casa Rosada se comprometió a promulgar antes del 1º de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al convenio y la autorización para la emisión de deuda pública que será destinada al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre el Gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas desde la expropiación de mayo de 2012, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
