Mientras el oficialismo nacional abrió el debate y presentó una iniciativa para regular los piquetes, el Pro se suma a la discusión y propone modificar el Código Contravencional para que la Justicia pueda retirarle los planes sociales a quienes corten calles u ocupen terrenos en la Ciudad.
En sintonía con su espacio político el legislador del Pro Helio Rebot presentó un proyecto de ley para que se evalúe la posibilidad de quitar los beneficios sociales a quienes realicen cortes de arterias u ocupen predios dentro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La flamante propuesta será discutida en los próximos días en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, junto con otras iniciativas del macrismo como la ley para prohibir la práctica de los cuidacoches y otra para establecer un marco regulatorio para la circulación de motovehículos que busca evitar a los denominados “motochorros”. Tres expedientes que el macrismo exhibe para fundamentar su deseo de “normalizar” el espacio público.
La iniciativa intenta agregar en el Código Contravencional “la pérdida temporal o definitiva de beneficios por parte del Estado cuando se atenta a la convivencia general”. Esta sanción se añadiría a las que ya establece dicha normativa y se ejecutarían cuando “a criterio del juez resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso”.
Como ejemplo, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y autor de la iniciativa, Helio Rebot citó a quienes obstaculicen el tránsito de una avenida o calle del distrito y a quienes ocupen de manera ilegal un terreno.
En el proyecto se indica que la pérdida de planes y beneficios consiste en “la comunicación a los órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que suspendan prestaciones de tipo económica derivadas de planes o programas sociales del cual el contraventor sea beneficiario”. Y se advierte que es el juez quien “establece el plazo por el cual se produce la suspensión”.
Consultado el legislador sobre cuáles serían los beneficios a los que hace alusión el expediente presentado, aclaró que “no hace referencia a los beneficios alimentarios”. También, aseguró que no afectaría a quienes perciben un vale social o la Asignación Universal por Hijo.
“Está pensado, básicamente, para los reincidentes o los líderes de las protestas y la usurpaciones”, explicó.
Como los proyectos que buscan vedar a los “trapitos” y establecer una normativa para circular en motocicleta, y así evitar la práctica de los motochorros, esta iniciativa es una búsqueda más del Pro para sanear el convulsionado tránsito y por ende satisfacer la demanda de los vecinos de la Ciudad que ve con buenos ojos estas decisiones; algo que el kirchnerismo también desea conquistar, ya que en ese marco se entiende su intención de regular los piquetes desde el Congreso nacional.
En ese sentido, el legislador que responde a la senadora nacional Gabriela Michetti, entiende que “hay un nivel de hastío en la sociedad”. Y sostiene que “hay miles de personas que llegan tarde al trabajo, que pierden el presentismo y que a pesar de eso tienen con sus impuestos que pagar beneficios para quienes los perjudican”.
“Los ciudadanos no tienen porque estar pagando un subsidio a un tipo que está jorobando al resto. Aplicar la ley no es criminalizar la protesta”, justificó Rebot. Y destacó que “la protesta es legítima pero sólo hay que dotarla de mecanismos para que se pueda hacer sin atentar contra la comunidad”.
En diálogo con Semanario Parlamentario, Rebot contó quienes pueden ser sujetos de esta quita o suspensión parcial de estos subsidios planteando una situación de ocupación ilegal de un terreno.
“Si el Estado está construyendo un complejo habitacional y un grupo de personas lo usurpa, que ese grupo no pretenda que el Estado le dé las viviendas cuando hay otras personas anotadas esperando o a lo mejor la terminación para que se les adjudiquen, y esto ya pasó varias veces”, precisó.
Además, manifestó que “en muchos casos” hay grupos organizados que usurpan esos espacios y reclaman a cambio determinadas prerrogativas. “Problemas de vivienda existe, pero lo que el Estado tiene que garantizar es que el derecho se les respete a todos los que están respetando la ley”, agregó.
Planteada ya la polémica, que será eje de grandes discusiones en las comisiones competentes, el ex legislador del Frente Para la Victoria y actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, anunció que se presentará en el Parlamento porteño para discutir esta iniciativa.
“Es un proyecto que estará sujeto a discusión en el ámbito de Justicia y de Asuntos Constitucionales, de la cual voy a participar y fijar una opinión”, adelantó.
Y afirmó que mantendrá su posición, expresada en algunos expedientes que elevó la Defensoría ante el caso de la toma de tierras de Villa Lugano que se mantiene desde el 24 de febrero último, que a su juicio la “ocupación no genera derechos”.
“Sin embargo, quiero decir que muchas veces se producen manifestaciones que generan conflictos y colisión de derechos, y el Estado ante esto debería actuar”, agregó.
Amor insistió en que la ocupación “no genera derechos” pero hizo hincapié en que “la percepción de un plan social es un derecho innegable para una persona que se encuentra en un estado de necesidad”.
Pero recordó que, en ciertos casos, cuando se generan conflictos relacionados con la vivienda y la emergencia habitacional, “hay sectores que lucran con la necesidad de la gente”; en clara alusión a la situación de la toma de tierras en la intersección de la Avenida Cruz y Pola en donde se conocieron desmanejos y abusos en los alquileres de inmuebles en ese terreno que pertenece al Estado.
En esa línea, se comprometió a “tomar decisiones sobre los que alquilan viviendas en las villas que son terrenos de la Ciudad”.
Por su parte, ante la presentación de la iniciativa de Rebot, el legislador del MST Alejandro Bodart se mostró indignado con la propuesta y afirmó estar “avergonzado” que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales sea el impulsor de la iniciativa.
“Sacarle el plan social -o sea el pan- a un beneficiario que pida aumento, vivienda u otro reclamo justo es casi fascista. Da vergüenza ajena que este atropello a los derechos básicos provenga del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura”, cuestionó.
Para Bodart, es una “hipocresía” porque quien presenta el partido que presenta el proyecto es “el mismo que vota exenciones fiscales millonarias a las grandes empresas”.
“Nos oponemos de plano a esta versión fascistoide del proyecto K anti-piquetes”, recalcó el legislador del MST.
Al Pro le alcanza con sumar tres votos más a los 28 que tiene asegurados por el total de la cantidad de su bloque, ya que se necesitan 31 para que se pueda aprobar la iniciativa. Aunque, vale recordar, primero debe obtener el visto bueno de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde el macrismo tiene mayoría.
Desde el bloque mayoritario de la Legislatura aseguran que tienen los números para sancionarla, pero todavía no se conoce la postura del interbloque UNEN ni del FpV ante esta propuesta.
“Si uno escucha las posiciones políticas de los líderes de UNEN y ahora lo que dijo la presidenta Cristina Fernández sobre las protestas en la calle, parecería que no deberían tener problemas”, ironizó el autor del proyecto.
